miércoles, 6 de septiembre de 2017

TACORONTE HISTORIA Y ORÍGENES DEL AYUNTAMIENTO



El amigo de la ciudad de Tacoronte; NICOLÁS PÉREZ GARCÍA, Remitió entonces (14/08/2011) estas notas que tituló; “TACORONTE HISTORIA Y ORÍGENES DEL AYUNTAMIENTO: Primero: “…Conforme a los acontecimientos que registra la historia, y así se colige de la certeza irrefutable de los documentos que lo testimonian, en la mayor parte de los cinco siglos de la era moderna de esta tierra, la voz del pueblo y la representatividad en las insti­tuciones han estado mediatizadas y coarta­das por las diferencias seculares de desigualdad entre clases; especialmente por el acusado desequilibrio entre ricos y pobres; entre nobles y plebeyos, entre la clase diri­gente y el pueblo ignaro, entre los muchos vecinos que perseguían su particular bene­ficio y medro personal, sin interés alguno por el bienestar común. Sin embargo, no miremos con resabio lo que parece ser un reflejo del signo de los tiempos y de la propia evolución. Mejor analicemos los hechos para conocer los detalles de una época donde no existía el sentimiento democrático, y tam­bién para comprender cómo se llegó a los tímidos cauces de participación del pueblo, aún con extrema parcialidad debido al régi­men autocrático de entonces.
A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, con la aparición de lo que podríamos llamar pseudo política, se intentó consagrar el principio de representatividad en la com­posición de los ayuntamientos constitucio­nales, pero el ideal de un liberalismo tam­baleante y poco sólido tropezaba con revuel­tas, interrupciones y golpes de mano del absolutismo, durante un largo periodo omi­noso que no pudo romper con las amarras del Antiguo Régimen hasta bien avanzada la centuria decimonónica.
Los ayuntamientos que nacieron al amparo de las Cortes de Cádiz no lograban­ la plena representatividad, viéndose some­tidos a la estrecha tutela del Estado o poder regio, atrapados bajo la influencia del caci­quismo y subordinados a una brutal inter­mediación, En estas islas, la situación era  de parálisis y conformidad forzada, cuya realidad social y cultural empeoraba por el aislamiento, la distancia y la inevitable insu­laridad.
Paradójicamente, durante la dictadura de Primo de Rivera es cuando se presta más atención a los municipios rurales ampliando el ámbito de las competencias, aunque las corrientes políticas de aquel tiempo estaban más pendientes del poder que del bienes­tar social, y así, con la II República llegó el colmo de la incoherencia que forzó la con­frontación civil para detener tantas actua­ciones contrarias a: los ideales de la autén­tica convivencia, a costa del enfrentamiento de las dos España. En fin, sobre este aspecto de nuestra historia la suerte de los criterios es demasiado heterogénea como para con­ciliar una opinión consistente. Quizá, lo más válido sea la enseñanza que habremos podido sacar de la perspectiva histórica de aquellos hechos, a pesar de que muchos se empecinan en interpretar y manipular la Historia a su manera.
Obviando el paréntesis franquista, en el transcurso de los años, después de la serie de disposiciones parciales sobre régimen local que se ha producido desde 1975, se llegó por fin al texto de aplicación general, la Ley Básica de Régimen Local de 1985, a la que se han ido añadiendo textos pos­teriores que la complementan y que hoy sirve para regir las municipalidades.
Pero debemos volver la vista a la histo­ria pasada para comprender las valiosas enseñanzas de ayer en una materia tan com­pleja y fundamental como lo es llegar a todos los ciudadanos con la inmediatez social que éstos requieren, de una forma equitativa y proporcional. Aun así, los cami­nos han estado llenos de obstáculos de todo tipo, hasta que se llega a la conclusión de que el municipio debe ser el marco de la convivencia civil por excelencia, donde la célula familiar es la base trascendente por natura.
La ciudad de Tacoronte nos sirve hoy de señuelo práctico para este estudio histórico sobre la evolución de su ayuntamiento, ya que a través de un análisis concienzudo del pasado hemos podido percibir cuáles han sido los avatares que han servido de testi­monio para llenar nuestra curiosidad acerca del concepto municipal, acerca del inicio y desarrollo de los primeros vestigios que apuntan hacia una mínima corporación local organizada que vela por los intereses veci­nales y del común.
Vamos de puntillas sobre el acontecer más lejano, años después de la conquista caste­llana a comienzos del siglo XVI, cuando arrancó el tenue desarrollo del lugar de Taco­ronte, inclinado necesariamente a la exclu­sividad agraria, controlada prácticamente por los terratenientes de La Laguna, que úni­camente generaba servidumbre y mediane­ría en el común de aquella incipiente pobla­ción.
En aquel entonces, nadie se ocupaba del estamento familiar en una situación que podríamos calificar de feudalismo desarro­llado en pequeña escala, primando el inte­rés particular y la opresión oligarca sobre la mano de obra barata sumida en el drama de la supervivencia, de la integración y mes­tizaje de los naturales con toda su problemática. Sin embargo, fue la Iglesia la ins­titución que tuteló de algún modo a la fami­lia, de manera que a través de normas y pre­ceptos impuestos basados en el temor de Dios, fomentaba por otra parte un ideal de convivencia coherente con la época y con los principios inalienables del cristianismo en aquel tiempo, logrando paso a paso la puesta en práctica de comportamientos y costumbres adecuadas en el vecindario. La ­actitud eclesial fue elemental para el atraigo de unos valores que fabricarían el cimiento esencial de una población abriendo sende­ros en medio de dificultades de diversa índole.
No fue precisamente el altruismo de los señores de la tierra lo que motivaría el sur­gimiento de una comunidad medianamente organizada, ni siquiera la Corona a través de los corregidores. Fue la Iglesia la que, investida de amplia influencia y conoci­miento, propiciaría una organización fami­liar básica en medio de los marasmos agrarios y rurales, en unos tiempos de penuria y exen­tos de estímulos humanos y sociales.
A lo largo del siglo XVI, el lugar de Taco­ronte, partiendo de cero acumuló una pobla­ción de mil habitantes a fines de la centu­ria, cuya evolución iba de menos a más gra­cias al celo eclesial, y no nos cansamos de repetido.
Sin entrar en los detalles, pues haría falta todo un tratado histórico, el siglo XVIII constituyó el auténtico sillar en el que se sus­tentó el pueblo de Tacóronte. Al amparo del brazo clerical, los vecinos demandaban nue­vas cosas a medida que aumentaba el número de habitantes, y fue así que en 1618 se constituyó el Pósito o Arca de Miseri­cordia, la primera entidad comunal del lugar; un instrumento social que se ocupó de regu­lar la producción, distribución y comercia­lización del trigo como alimento esencial y como moneda de cambio y simiente para las tierras de pan..
Con la distancia temporal que nos separa, podemos enjuiciar que el Pósito llenó un hueco civil y social en el pueblo, evolu­cionando de una forma práctica y funda­mental al permitir qué .la vecindad se ajus­tara a una norma equitativa y proporcional, como lo requiere todo municipio que se pre­cie, aun cuando el sentido democrático se encontraba a años luz. No obstante, se puede decir que con. El Pósito comenzó a funcio­nar un hipotético ayuntamiento, puesto que su fundamento radicaba en el bien común a través de la colaboración y aportación de cada ciudadano capaz de producir. En una simple percepción de ideas, lo referido no dejar de ser la filosofía elemental de cual­quier municipio de hoy en día.
La figura del Pósito fue proverbial a medida que incrementaba su caudal con las ganancias que obtenía en las transacciones del grano, sin ningún sentido lucrativo ni especulador, pues los beneficios del fondo común revertían en las necesidades comu­nes del vecindario, como arreglo de cami­nos, tomas, canales, fuentes, abrevaderos, ayuda a la parroquia, pago de impuestos; vigilancia de montes y manantiales, auxi­lio a los pobres de limosna, etc. En sínte­sis, la entidad comunal se valía del esfuerzo y trabajo de la comunidad para mejorar la estabilidad del conjunto y posibilitar el desenvolvimiento de la población sin dis­criminación ni exclusión.
La creación del Pósito no supuso un ale­jamiento de la Iglesia en los asuntos del pueblo, puesto que los agentes decisorio del Arca de Misericordia eran el cura párroco y el alcalde, además de la participación de cierto número de vecinos, formando todos la jurita vecinal restringida que actuaba bajo la fórmula de concejo abierto y las decisiones eran vinculantes para todos y cada uno de los moradores del lugar. Efectiva­mente, el concejo abierto funcionó como un ente municipal a lo largo del siglo XVII y gran parte del XVIII, de suerte que el Pósito de Tacoronte adquirió mucha importancia, siendo uno de los opulentos de la isla de Tenerife.
De la importancia del Pósito como entidad local organizada nos .habla su historia. Todas las Instrucciones, mandas y autos del corregimiento de la isla sobre procedimientos de actuación vecinal  circulaban a través del Pósito, quedando registrados en sus libros para surtir los mismos efectos de un código o compendio de normas de obligado cumplimiento.  Desde sus arcas salieron los reales de vellón que contribuyeron a la construcción y mejora de la mayor parte del patrimonio arquitectónico de Tacoronte. De Sus alhóndigas salieron las fanegas de trigo para paliar tiempos de sequías, incendios del monte, temporales, plagas de langosta, tercio de milicia, malas cosechas, etc. No se conoce ningún otro pue­blo que tuviera, como tuvo Tacoronte, las alhóndigas o graneros; de alto y bajo, que albergaba cada una más de mil fanegas de cereal, además de la carnicería, la cárcel y la munición de la milicia. Culminando el siglo XVII, Tacoronte se había acercado a los 3.000 habitantes. El auge que atravesó en la segunda mitad de esta centuria fue espectacular, pues en dicho periodo nacieron los edificios más emble­máticos, la mayoría de ellos perduran hoy testimoniando un acontecer fructífero.
Como se ha referido, el Pósito se creó en 1618, siendo su fondo inicial las 26 fane­gas de trigo que aportaron los labradores. En 1700, su caudal líquido era de algo más de 2.370 fanegas de trigo, registrando unas ganancias anuales medias superiores a 4.500 reales por la capitalización de dos reales de crez pupilar por cada fanega, aunque ya la intermediación de la autoridad cabildicia crecía notablemente hasta Conseguir el con­trol total de estas instituciones comunales en toda la isla. Bien es cierto que los pósi­tos, a nivel del Estado, se habían conver­tido en elementos básicos en los pueblos o parroquias aunque la participación vecinal aparecía coartada por la manipulación y fis­calización de los corregimientos y audien­cias reales.
Si bien en la Península el pósito se con­virtió en un instrumento social de control en manos de las oligarquías, no lo fue tanto en estas Islas Canarias, ni por supuesto en Tacoronte, donde continuaba cumpliendo con su fin primordial como eficaz remedio para la agricultura, mediante créditos bara­tos a la producción y al consumo, especialmente en tiempos de precariedad, y apor­tando semilla para la sementera.
El siglo XVIII inicia su singladura con el cambio de signo monárquico. El régimen de los Austria se extinguió con el malogrado Carlos II El Hechizado, cogiendo las rien­das del reino el Borbón Felipe de Anjou (Felipe V), cuyo primer cometido fue hacer frente a la Guerra de Sucesión, uno de los desgraciados eslabones del siglo de las luces, aunque ninguno de estos acontecimientos cambiaría el quehacer cotidiano de Taco­ronte, al menos hasta bien avanzada fa cen­turia. La dinámica municipal descansaba en el concejo abierto de sus vecinos, dirigido por el párroco y el alcalde, a pesar de que el Pósito aparecía más mediatizado por el Cabildo. Aun así, se cumplía la premisa prin­cipal de su cometido ofreciendo la garan­tía del sustento y del laboreo de la tierra.
De hecho, el alcalde recibía órdenes direc­tas del corregidor o comandante general mientras que el funcionamiento del Pósito iba por otro lado. Los vecinos participaban en las decisiones pero éstas debían some­terse a ulterior ratificación, modificación o denegación de la autoridad, lo que quiere decir que los corregidores eran los agentes del poder regio y presidentes de los esta­mentos locales, llámense ayuntamientos o juntas vecinales, cada vez más subordina­dos al poder y a la excesiva centralización. Una muestra documental de aquellos años resulta reveladora…”
Segundo: “…Tacoronte era un lugar de paso obligado entre las ciudades capitalinas y los pueblos principales del norte, entre los que se cru­zaba el comercio existente, razón por la cual el corregidor ordenaba repetidamente al alcalde que tuviera los caminos expeditos para la circulación de transeúntes, carrua­jes y caballerías, especialmente en lo que tocaba al Camino Real, importante vía de penetración entonces.
Sin embargo, con todo esto, la dinámica municipal no languidece, a pesar de care­cer de representación alguna para elegir a su alcalde, cargo que venía impuesto desde el Cabildo con el nombramiento de perso­nas ajenas al pueblo, salvo raras excepcio­nes. Por otra parte, el cultivo del millo y de la papa fue la novedad que proporcionó un nuevo acicate para el labrantío, que se diver­sifica con estos productos mejorando la dieta de los lugareños y haciendo descender la cir­culación del trigo. .
Ya por 1711 se observa que en la nimia nomenclatura municipal formada por el cura y el alcalde, se percibe la figura de un apo­derado o personero que se ocupa de los inte­reses generales de los vecinos. No se advierte cómo surge este cargo en época tan temprana, pero es el caso del presbítero Lázaro Rodríguez Leonardo, que también ostenta el cargo de ministro del Santo Ofi­cio de la Inquisición y administrador de la fábrica de la iglesia parroquial de Santa Catalina. Sin Que existan antecedentes, el presbítero se descarga con un pedimento al teniente general, licenciado Montalbán, res­pecto a las muchas deudas que tiene el Posito sin cobrar, y también solicita se tomen medidas en cuanto al control de la munición de la milicia que se custodia en una alhón­diga. Lógicamente, el licenciado Montalbán asume el pedimento al pie de la letra y requiere su cumplimiento al alcalde bajo la pena de 50 ducados de sanción.
Resulta evidente que el gobierno muni­cipal radica en el Pósito, y así debía ocu­rrir en la mayoría de los pueblos de España, dado que en 1751, desde el poder central se crea la figura de un superintendente gene­ral, máximo responsable para rendir las cuentas de las fundaciones pías ante el Rey y el Consejo de Castilla. Años después se promulgaría un reglamento para regular el funcionamiento de los pósitos, dada la importancia que habían ganado como enti­dades básicas para la vida cotidiana.
Hasta ahora, los vecinos no han tenido ape­nas oportunidad de intervenir en los asuntos comunes del pueblo. Su cometido ha estado sometido al laboreo del campo y a los dic­tados de unos pocos. Con la llegada de Carlos III y su ministro de Hacienda Squilacce; muchas cosas van a cambiar a marchas for­zadas, dando lugar a innovaciones que afec­tarían de manera decisiva a la participación vecinal en la cosa pública, además de las nor­mas que se impondrán para un régimen muni­cipal con leves tintes democráticos.
El Motín de Esquilache de 1766, revo­lución y protesta exaltada del pueblo de Madrid contra las reformas del ministro sici­liano auspiciadas por el monarca, fue la pie­dra de toque que originó una serie de medi­das tendentes a suavizar los ánimos violentos de un populacho que se revolvía entre penu­rias civiles, sociales y humanitarias. Aquel suceso no tendría por qué afectar a Taco­ronte ni a ningún pueblo de estas islas, pero las leyes que se dictaron no contemplaban distinción alguna y eran de acatamiento obli­gado bajo severas penas. Las leyes, prag­máticas e instrucciones no se hicieron esperar para mitigar el ambiente exacerbado que había surgido, y todas ellas tuvieron efecto hasta en el último rincón del Estado.
No había transcurrido ni dos meses des­pués del citado Motín de Esquilache, cuando se reciben en Tacoronte las primeras ins­trucciones para celebrar elecciones locales para elegir a los oficios públicos, llámense los representantes vecinales, concejales o regi­dores del común, quienes de facto forma­rían la primera corporación municipal con un cometido definido sobre la vida vecinal  y todos los ingredientes del día a día.
La Instrucción de 5 de mayo de 1766, circulada por el Cabildo el 24 de junio del mismo año, establece la elección  de los diputados y personeros mediante un sufragio de segundo grado. Los vecinos de todo el pueblo; por parroquias (Tacoronte: una parroquia), podrán elegir a 24 electo­res o compromisarios y éstos se reunirán posteriormente para proceder a la elección  de los cargos públicos por mayoría de votos, en caso de empate lo desharía el alcalde con su voto particular y decisorio. Este sistema de elección va a perdurar y tendría aplicación en la elección de los diputados a Cortes según la Constitución de Cádiz de 1812, también en las de los ayuntamientos que se crearon según la misma constitución.
El auto acordado en la Villa de Madrid al cinco de mayo de 1766 por los señores del Consejo de Su Majestad, alude a la insurrección y arbitra duras medidas contra los violentos del motín o de cualquier otra asote nada popular, dicta medidas concretas, sobre el régimen de abastos y precios de los alimentos, sobre todo el pan. Con referencia a las elecciones, el capítulo seis de dicho auto señala: "Si el Pueblo fuere de dos mil vesinos (entiéndase familia. O unidad familiar) a baxo, él número de Diputados del común serán de dos tan sola­mente pero su Elección y fun­ciones se honran la forma que queda prevenida pata los cuatro Diputados de los Pue­blos mayores"
El documento tuvo asiento en los libros del Pósito el nueve de julio de 1766. Según el número de vecinos, a Tacoronte corresponde elegir dos diputados del común y a La Laguna cuatro. En el capítulo siete se dan ins­trucciones para que se elija tam­bién a un procurador síndico o personero, el cual pasará a formar parte del ayuntamiento.
El 30 de junio de 1766, el alcalde de Tacoronte, Francisco Suárez de Miranda, mandó publicar un bando: dijo que debía mandar,  y mando se convoque todo el Pueblo a toque de caxas, y sesite para el dia Domihgo trese del que corre par que se halle a las dos de la tarde en la Yglecia Parroquial de este dicho lugar para determinar y exe­cutar loque se ordena en el RL Auto, y se manda hazer [...]" (Libro-del Pósito, 30­6-1766).
La elección de los diputados del común era un tanto peculiar. Siendo dos los elegidos ini­cialmente, en la siguiente renovación sólo se removería uno, quedando el otro ejerciendo un año más, de manera que éste pudiera ins­truir y asesorar al nuevo que entrara en el grupo de gobierno; y así sucesivamente. Por eso se aludirá a ellos como diputado antiguo y diputado nuevo o moderno. Además, el diputado antiguo tenía el carácter de teniente de alcalde, ya que sustituía al primer regi­dor en caso de ausencia o enfermedad.
Nuevas instrucciones se van desgranando. Las elecciones se han de realizar al término de cada año, de modo que los cargos electos juren su compromiso el primero de enero. Como se observa, el emergente sis­tema electoral no contempla al alcalde, que sigue siendo de nombramiento directo por parte del Cabildo, al menos hasta 1772, año en el que también entra en la ronda electo­ral como el resto de los cargos. Así se apre­cia en el siguiente documento que procede de una cédula real de aquel año: "Sres. Alcalde mayor de la Villa de la oro­tava = y Alcaldes de los defhas Puebs desta Ysla. Mui Sres mios: En cumplimiento de las órdenes con qe. me hallo del Supremo Con­sejo y RL Aud". destas Yslas, dirijo aVms (vuestras mercedes) los sinco testimonios de ellas qe. acompañan la presente y son como se siguen: [...] La tersera dispone qe.la eleccion de Alcdes. Peda"eos de los Pue­blos de Canaria Thene y la Palma se haga todos los años pro el tpo qe. se executa la de los Diputados, y Personero y con las mismas formalidades, y ciréunstancias qe. estan mandadas observar en dhas Elecio­nes pro Rs. ordenes; y po. qe. no se ofresca duda digo qe. en el mes de Dize. de cada año el Alcde. del Pueblo debe flXllr ecdi­tos. avisando alos vezos. del dia de fiesta qe. señala po. qe. en la tarde concurran a la Ygo. luego que oigan la campana qe. los com­boca adonde assi mismo assistira dho Alcde. acompañado de el essn". (escribano) o fiel de fhos, y dé el Sindico, y Diputados, y en su presencia resivira pro escrito los votos de dhos vezinos nombrando cada veinte y quatro suxetos po. electores, reco­no.sidos qe. sean los veinte y quatro qe. hai'­gan salido con maior numero de votos, los sitara po. qe. en el sigte. dia deJiesta assis­tan a la ora qe. señalare a la cassa donde comunmte.. se tienen las Juntas, y en ella en presenciti de dho Alcalde y del essnoo o fiel de fhos con el Sindico y Diputados los referidos veinte y quatro electores daran sus votos en primer lugar po. Alcalde del sigte. año, y quedara nombrado .él que tenga más a su favor, e" segundo votaran alos Diputadós; en tersero al Sindico, y en quarlo al fiel deJhos donde da haverlo, y si ocurtiere qe. dos personas salgn .con iguales votos po. un mismo empleó quedara elegida aquella Ii quien se aplicare el voto desisivo del Alcalde assi ejecutado seles pas­ra avisso alos nombrados po. qe. en el primo. del año comparescan en 'el paraxe acostumbrado Ii qe. seles ponga en pose­sion desus Empleos pro elAlcaldti que acaba (su mandato) quien les resevira JUrllmto. pro ante el essno. o fiel de Jhos de usar bien y fielmte. sus empleos de defender la puresa de la Concep"nde Maria Santissima, a los Pobres y gúardilr stcreto en los cassos neses"s. yse ejecutaran las demos Cere­monias de estilo qe. se acostumbran en semejantes actos po. qe. el Pueblo los reco­nosca, y desde luego entren al uzo de sus empleos quienes inmediatamente me pasil­ran aviso pro testimonio desu nombramto. p". mi inteligencia. [...].NroSorGueli Vms ms. as. (Nuestro Señor Guarde a Vuestras Mercedes muchos años) Ltlg". Y Agt" 17 de 1772 .¡. B. L M. de Vmes. Su Mor. Servor. (Besa Las Manos de Vuestras Mercedes Su Mayor Servidor) = Martin Josef de Roxas" (Libro del Pósito, 18-7-1772).
Las instrucciones referidas provienen de una orden del mismo rey para su aplicación en las tres islas de realengo. Para las de seño­río (Lanzarote, Fuerteventura y Gomera), los comisarios electores deben proponer temas de candidatos para el cargo de alcalde. La orden regia termina así:
"l.. .J. y quiero se tenga como Ley Muni­sipal e invariable e~ aquellas YslasJ a cuyo fin den los órdenes y providencias fue para su observancia fueren necesarias colo­candola entre las ordenanzas de aquel tri­vunal para qe. sientpre conste y se cele su cumplimt". qe. assi es mi Voluntad: Dada en el Pardo á catorse de Enero de mil seteztOs. setenta JI dos == Yo el Rey ="
Conciliando en lo posible todas las ins­trucciones que versan sobre la materia, a comienzos de 1768 tenemos la primera corporación de Tacoronte por vía de elecciones restringidas, las primeras en la historia del pueblo según las premisas reales y del Consejo de Castilla, que es lo mismo. Los hechos barruntan la aparición de algunos sesgos políticos que aparecerán pronta­mente, y el mismo monarca refiere ya una Ley Municipal que debe regir en las islas. Es lo que dice la historia.
Así, pues, y para concluir, podemos decir que la primera corporación o junta muni­cipal estructurada de Tacoronte se formó en 1768 con los siguientes individuos:
Alcalde: Francisco Suárez de Miranda (sargento de caballería de milicias).
Diputado: Rafael Jerónimo de la Torre (capitán de milicias)
Diputado: José Hernández Ramos (alférez de milicia).
Síndico: Andrés Agustín de Torres Perdomo (teniente de capitán de milicias).
Secretario: Lucas Hernández Izquierdo (fiel de hechos, fedatario o escribano).
Y no olvidemos al cura beneficiado de la parroquia, el licenciado José Antonio Fer­nández de Ocampó, quien paulatinamente se verá descolgado de las decisiones veci­nales y relegadas a su cometido principal como cura de las almas de la parroquia, aunque en un próximo relato daremos a cono­cer otros detalles sobre el particular.
En cuanto a los cometidos de los miem­bros del Ayuntamiento, estas instrucciones del ministerio de Gracia y Justicia que figu­ran en un libro del Pósito con fecha 9 de junio de 1772:
  "Tengan el gobierno del Pocito el alcalde, procurador sindico y un diputado y un depositario, que han de nombrar el ayuntamiento" "Alcalde, Diputado y Depositario han de tener cada uno llave distinta del arca del dinero”. "Antes del Panadeo se practique por el personero del Común y Diputados, con  intervención dé los administradores, el peso de una fanega de trigo que harán amasar para que sacados los costos, se vea la ganancia que produce, según las onzas de cada pan cocido para que por esta se regule lo. Demás….
El síndico procurador, en su papel fisca­lizador, revisaba, censuraba y ponía los repa­ros pertinentes a las cuentas del Pósito antes de su envío al corregidor y, además, debía vigilar las actuaciones del alcalde y demás claveros.
En los años que siguen se reciben diver­sas órdenes que van complementado. Las anteriores, subsanando errores o modifi­cando actuaciones por las imperfecciones que surgen de leyes apresuradas y condiciona­das por los acontecimientos.
Hasta aquí .esta primera parte que trata de los antecedentes históricos que conducen a la formación del primer ayuntamiento de Tacoronte. En un próximo trabajo conti­nuaremos relatando las circunstancias y vici­situdes por las que atraviesa la incipiente corporación…”
Tercera: “…En la primera parte de esta historia,  dejamos la crónica por el año 1772, con una corporación municipal de Taco­ronte ya estructurada de acuerdo con las ordenanzas e instrucciones dictadas por el Consejo de Castilla, bajo la égida del monarca Carlos III. Decíamos entonces que la inci­piente entidad local que empezó a tomar forma desde 1766, era el punto de partida para los períodos sucesivos que habían de ir recogiendo otras normas complementarias conducentes a la definición de un cuerpo legal más suficiente y capaz de regir los destinos de la municipa­lidad, si bien los problemas de todo tipo con­vivieron en medio de la trama que comenzó a fraguarse mediante unas tímidas elecciones restringidas que dieron lustre a los primeros amagos de democracia y de liberalismo en aquel tiempo tan lejano, y todo como conse­cuencia de las graves revueltas conocidas como Motín de Esquilache.
Las primeras elecciones de 1766 tuvieron una importante trascendencia de cara al futuro que se avecinaba. Fue un punto de infle­xión en el que se constata cómo el Antiguo Régimen empieza a perder cierta hegemonía, cediendo en parte su poderío y absolutismo en oposición a la participación popular que, aunque con sufragio indirecto, aprovechó la coyuntura para perder el miedo y atreverse a romper algunas amarras del pasado, empreñándose de sentimientos de libertad y prota­gonismo en la vida pública. No obstante, con­viene reparar en que fue la Corona la que propició el edificio municipal, llámese ayunta­mientos.
Aquellas primicias electorales para designar los oficios públicos en los pueblos, con­tenidas en el auto del Consejo de Su Majestad de fecha cinco de mayo de 1766, por lo que respecta a Tacoronte tuvieron la siguiente secuencia cronológica:
13-7-1766: un domingo a las dos de la tarde en la iglesia parroquial, el vecindario nombra por diputados o personeros al capitán D. Rafael Jerónimo de Torres y Perdomo y al teniente de capitán D. Andrés Agustín de Torres y Perdomo.
21-12-1768: un domingo a las dos de la tarde en la iglesia parroquial, el vecindario elige por fiel derechos a D. Lucas Hernández Izquierdo, que hará las veces de escribano o secretario, levantando acta y dando fe de los acuerdos. .
17-8-1772: Se reciben instrucciones para proceder a le elección de alcalde al igual que se hace con los diputados y personero, en la misma jornada electoral y con idénticas for­malidades. Consta expresamente que para la elección de los cargos de Justicia (concejales o regidores) se recibirán los votos de los vecinos nombrando cada veinticuatro sujetos que salgan con mayor número de votos, quienes posteriormente son los que eligen al alcalde, diputados, síndico personero y fiel de
Fechas;
11-12...,1774: primeras elecciones completas que se celebran en una de las alhóndigas, al haber sido excluida la iglesia como lugar de reunión. Tampoco se permite la participación del párroco en cualquier acto civil. En una pri­mera jornada, el pueblo elige a dos repre­sentantes para asistir a las elecciones de Cabildo en La Laguna. En la misma jornada también se elige a los 24 electores compro­misarios que luego son convocados para votar a los miembros de la corporación local, cuyo resultado fue el siguiente:
-Electores para el Cabildo: Juan Hernández Abad y Nicolás Hernández Centenero.
-Alcalde: Juan Hernández Abad (teniente de milicias).
-Síndico personero: Nicolás García Gómez (teniente de milicias).
Diputado nuevo: Francisco Rodríguez López.
Fiel de fechos: Miguel Antonio Calvete de Villar.
El diputado antiguo, Antonio Francisco Chirinos, que proviene de la elección ante­rior, continúa un año más con el fin de ins­truir al diputado de nueva elección, estando así dispuesto por las normas. Los primeros sufragios, aun siendo de grado inferior, fueron la piedra de toque para la nueva andadura municipal, quedando configurados la corporación con un alcalde, dos diputados, un síndico personero y un secretario o fiel de hechos. El Pósito había de ser administrado por un depositario (antiguo alhondiguero) y el gobierno de esta entidad comunal por sus tres claveros: alcalde, dipu­tado de alhóndiga y síndico personero, cada uno de ellos con una llave distinta del arca donde se guardaba el dinero. El síndico actuaba además como un procurador del común, una especie de fiscal o censor de las cuentas municipales, que en realidad eran las del Pósito, ejerciendo también vigilan­cia sobre la actuación de los demás clave­ros, ya que su papel era básicamente defender los intereses de la comunidad veci­nal.
Se determina que anualmente se han de remitir las cuentas a la Contaduría General, con expresión clara de su desarrollo y jus­tificación, quedando fiscalizado el destino de los fondos por la autoridad superior. En la renovación anual del depositario o admi­nistrador del Pósito se rinden las cuentas del ejercicio, se procede al inventario y previa censura del síndico se envían a la Conta­duría, la cual, previo examen, las remite al Corregidor para la sanción definitiva. Desde 1772 se ordena que el traspaso de cuentas se realice en el mes de julio (ante­riormente era a finales de noviembre). Para el reparto de trigo con destino a la semen­tera y el panadeo, se precisa autorización del Corregidor, cuyos autos y licencias circu­lan a través de verederos que cobran una cantidad del Ayuntamiento y otra partida estipulada para el Corregidor por cada des­pacho que suscribe.
Para acceder a los-préstamos de trigo, a los labradores se les exige presentar una declaración jurada con las tierras que tiene para sembrar, nominando a sus fiadores. En caso de descubrirse datos inciertos, se les sanciol1aba con la restitución del doble de la cantidad que hubieran Sacado. Eh los prés­tamos hasta 20 fanegas de grano se obliga el deudor principal y sus fiadores; para cantidad mayor se formaliza una escritura ante escribano público (notario), en la que constan las garantías prendarías (casas, tierras, frutos). Por otra parte, los tres clave­ros que componen la junta interventora del Pósito deben cerciorarse de que el trigo expedido no se emplea en cosa distinta a la solicitada. .
Las instrucciones establecen los salarios y gratificaciones a retribuir por el Pósito, según los casos y personas. Al alcalde y al diputado de alhóndiga se les gratifica con medio maravedí a cada uno por cada fanega de trigo que se reparta y por cada una que se reintegre, y al síndico y al. Fiel de hechos un maravedí a cada uno por cada fanega que se reintegre al Pósito. También se le paga al medidor de los granos medio I maravedí por cada fanega medida. La Superintendencia manda que de cada pósito de la Isla se saque un maravedí por cada fanega de grano incluyendo el caudal en dinero, que Se reducirá a fanegas de trigo para el cálculo. Esta cantidad se ha de pagar anualmente al tiempo de la rendición de cuentas, quedando a disposición del Corre­gidor, quien la hará seguir a la Corte. La Contaduría se lleva diez pesos anuales: cinco para el contador, cuatro para el asesor y uno para el escribano.
En esta etapa del rey Carlos III, las rela­ciones entre la monarquía y el clero atra­vesaban una fase muy delicada después de la expulsión de los jesuitas, acusados de conspirar y conjurar en el Motín de Esqui­lache. Los clérigos regulares son objeto de normas rigurosas que le impiden salir de su clausura, salvo licencia de sus superiores, ni mezclarse en negocios ajenos, ni siquiera administrar sus haciendas. La repercusión para Tacoronte afectó al cura párroco José Antonio Fernández Ocampo, quien desde 1774 fue apartado de toda gestión munici­pal o asunto concerniente con lo civil. Como es sabido, desde siempre el cura del pue­blo había participado en la vida municipal con voz y voto decisorio junto al alcalde, siendo ambos las personas relevantes del lugar hasta 1766.
Los 24 compromisarios elegibles están sujetos a ciertas normas de incompatibili­dad respecto a los miembros del Ayunta­miento. Determinados grados de consan­guinidad y afinidad se interponen por vía legal para evitar parcialidad e influencia en la elección de los cargos.
En las elecciones celebradas en Tacoronte  el 11 diciembre de 1774 comparecieron más de 200 vecinos, entregando cada uno su cédula (papeleta) para elegir 24 vocales compromisarios, quienes, una vez electos, se les cita posteriormente para elegir los ofi­cios a regir en el año siguiente. Efectiva­mente, nueve días después se llevó a cabo la votación en una alhóndiga saliendo ele­gido alcalde Juan Hernández Abad (teniente de milicias), y acto seguido el personero, diputado nuevo y fiel de hechos.
El día primero de enero toman todas posesiones de sus cargos en la iglesia parroquial, ante el alcalde saliente y con este juramente; « ...el que hago por Dios, y una señal de = Cruz segun forma dé dro (derecho), usar, bien, j fielmente el mencionado Empleo, defender la pureza d.e Maria Ssmá, en su Contepcion desde su primer instante de su ser natural, a los pobres, yguardar secreto en las cosas que debo guardar y se nesse­cite»
Sé observa ya la existencia de un ente municipal debidamente organizado a través de un sistema electoral cuyo recurso eco­nómico radica en el Pósito... Las transacciones del trigo no sólo persiguen la. Fina­lidad básica de garantizar el sustento de la población y el labore de la tierra, sino tam­bién obtener un beneficio o crez pupilar que cumpla con la función hacendística de aten­der los servicios fundamentales del pueblo, como arreglo de caminos y calzadas, cana­les, trastejo de graneros, panadeo, sueldo de los administradores, aportación a la fábrica de la iglesia (3ª parte de las ganancias), costo de los sermones de feria (Semana Santa), impuestos y otras cosas.
De todo ello, un capítulo muy importante estaba dedicado a los caminos, los cuales debían estar en buenas condiciones para el trajín de los agricultores y el tráfico de carretas y caballerías. Uno de los obstáculos más serios se presentaba en las calzadas de los barrancos, ya que el tránsito tenía que sor­tear los cauces por los puntos más accesi­bles, cuyas laderas de uno y otro lado debían estar bien firmes y empedradas para permitir la circulación de los carros y cabalgaduras de los transeúntes ante la carencia de puen­tes, especialmente en los cuatro o cinco barrancos que atravesaban el Camino Real.
Respecto a las calzadas y su manteni­miento, especialmente por el Camino Real, importante vía de penetración desde La Laguna hacia el norte de la Isla, el ayunta­miento de Tacoronte libró algunos conten­ciosos con el Cabildo, alegando que la tra­vesía era competencia de la autoridad pro­vincial. Sin embargo, el corregidor tenía mucho peso y argumentos para forzar las situaciones. En unos asientos de gastos de las cuentas del Pósito a fecha 31 diciembre de 1774, aparecen estos datos: «125 reales, costo de los cabuqueros que sacaron 87 carretadas de piedra para las calsadas que se han de haver en las barranqueras del Camino Real por mandato del Sr. Corregidor.  Mas gasto de peones, carreteros; carga y- descarga, arrancar la piedra [...]; 22 carretadas de piedra para la calsada del barranco Álvaro Báez».
En distinto sentido, bastante serio lo ponía el corregidor cuando se daba el caso dé una cosecha abundante y, por, consiguiente, escasa demanda de trigo, con lo que el Pósito corría el riesgo de perder el grano existente en los graneros por la infección del gorgojo y porque habiendo trigo nuevo nadie que­ría  el viejo. Al respecto, siendo drástica la solución que se arbitra, resulta ser la más lógica, solidaria y necesaria, según se advierte del siguiente texto:
«Stª Cruz, y Marzo 19 de 1776, El Exmo.Sr.: Marques de Tavalosos Goverruidor y Comte. Gral.destas Yslas, Presidente de su Rl. Audª  y Subdelegado gral de Posítos, y Alhóndigas en ellas etc. En virtud de la Junta que antecede = Dixose proceda inmediatamente por el Alcalde y demás interventores de las dos Alhóndigas del lugar dé Tacoronte a repartir el trigo existente entre ellas entre sus vecinos según y con la misma regla :que lo han .ejecutado en años faltos apremiándoles a ello por todo rigor,  dar lugar con su omisión a la menor quiebra, ni atraso de dhas Alhóndigas pues será de cuenta, y cargo de dicho alcalde e interventores a mas de la multa a cada uno de treinta' ducados aplicando en la  forma ordª. Y así lo mando y firmo con parecer del Sr. Alcalde Mayor. Tavalosos. Lizdº Zumbalo (Alcalde Mayor, asesor, Bartolomé Hernández Zumbado., Escribano publico y de guerra, Bernardo Joseph Uque y Freyre) >...
Es evidente que la municipalidad  gira en trono al Pósito, del qué provienen los recursos para el mantenimiento de lo cotidiano. Por ello corregimiento se muestra bastante riguroso e insistente en la buena administración de los fondos, aun cuando los sufridos alhondigueros Se vean obligados a poner toda la carne en él asador, es decir, hilando muy fino con las cuentas y observando a rajatabla el cumplimiento de las nor­mas. En las cuentas de 1776 se observan los reparos que pone el contador Miguel de Gri­jalva:
«[...] otras adicciones de menos consideración producen estas quentas, las que ten­dran presentes los Señores Interventores para que en lo sucesibo no se daten (paguen) partidas que no sean Justas, legi­timas y arregladas a la Real Instruccion que deven tenerse muy presente para todos los cassos que miran al govierno de la Alhon­diga, u  beneficio, y utilidad, pues de ello depende la sustancia (subsistencia) del Pueblo; en inteligencia de que serán res­ponsables en todo tiempo de cualesquiera omisión y mal bersacion qué se note en el fondo deste posito siempre y quando se conozca al practicar se la Visita General por esta Subdelegación = Lagnª  ocho de Mayo de mil septªs. setenta y seis = Miguel de Grijalba»
Los años 1779-1780 fueron extremada­mente duros y difíciles, debido a la apari­ción de la langosta, a un incendio en el bosque que duró 18 días, a la arribada de cua­tro navíos ingleses por el Valle de Guerra y a la dureza del corregimiento de la. Isla. Durante varios días fueron más de 200 hombres los que trabajaron en la extinción del incendio, mientras que otro contingente con guardia en los predios de Valle de Guerra y Tejina, ante una posible invasión pirática.
Previamente a estos sucesos se había reci­bido una dura comunicación del corregidor, cuyos términos se reproducen seguidamente:
«Para impedir de algún modo las fatales circunstancias que ofrece la carencia de granos, y subvenir á los Labradores de ese Pueblo, en las próximas siembras, con las cimientes que sean necesarias á ocupar los Terrenos que respectivamente poseen; pre­vengo á vuestra merced, que luego que reciba este oficio, se dirija con los demás Interventores de esa Alhóndiga á formar lista legal, y exacta de lo que adeudan esos vecinos, la cual deberá vuestra merced remi­tir, en el perentorio termino de veinte días, ,á la Contaduría general: procediendo así mismo con el mayor rigor á exigir de cada uno su total descubierto, sin permitir 'espera, demora, contemplaciones ni otros respectos que embaracen el cobro, por deber quedar precisamente reintegrada dicha Alhóndiga en el presente año [. ..]; pues de lo contrario (además de no admitirse en mi Tribunal recurso alguno suplicatorio que intente ese Personero á nombre del vecin­dario, para conseguir decreto de espera) será vuestro merced, y sus secuaces con­ducidos a uno de los Castillos de esta Marina, y multados en trescientos ducados, que se destinan desde ahora para entonces, á el fomento, e ingreso de la referida Alhóndigas, y para cuya combinación, y debido procedimiento bastara la posición de tres" testigos que noten en vuestra merced falta de observancia en el todo, Ó parte de lo que se le lleva prevenido. Sírvale á Vuestra merced de gobierno y esfuércese á acreditar su conducta, y eficacia en una materia en que tanto me inte­reso, y en que seda cumplimiento a las orde­nes de S. M que directamente ceden en ali­vio y beneficio del común. N. Sor.  Guarde  á vuestra merced muchos años. Santa Cruz mayo 17 de 1780. Al Alcalde del Lugar de Tacoronte (Firma ilegible)>>,
Mal año el de 1780. La precariedad' la época hizo recapacitar al gobernador marques de la  Cañada, después de comprobar los infortunios que padecía la mayor parte de la provincia. Arrepentido de sus amenazas, al menos en Tacoronte se recibió otra comunicación suya de lamento y compasión, disponiendo la suspensión de apremios y sanciones, sugiriendo ahora. El arbitrio suave y benéfico para los deudores impo­sibilitados de pagar, a los que se otorgaba una moratoria razonable.
El marqués introdujo unas novedades que no satisficieron al pueblo. Modificó el sala­rio de los alhondigueros ordenando que se les pagara el cuatro por ciento dé lo que recaudaran, y que la dotación anual a la Con­taduría General fuera de 20 pesos en lugar de los 10 estipulados anteriormente. Lo del cuatro por ciento se anuló posteriormente a petición del personero que actuaba en nombre del vecindario.
El sindico personero parece imponerse en su cargo, vigilando las operaciones de la municipalidad y velando por los intereses del vecindario. Como censor de las cuen­tas del Pósito, sus reparos aluden a veces a la mezcla indebida del trigo con avena, cen­teno y cebada, además del perjuicio que se causa al trigo por falta de paleo, llamando la atención a los administradores que per­miten estas contravenciones. También les llama al orden para que suspendan la apli­cación de agua salada para sanear los gra­neros porque, según arguye, causa más daño que beneficio.
El nuevo orden de cosas que se va impo­niendo en la vida diaria hace aflorar procedimientos que antes eran inexistentes. En 1781, la corporación tacorontera hace presente al corregidor una serie de obras a rea­lizar en el pueblo, como la conservación de la naciente Madre del Agua, la reparación de las canales de madera, la construcción de algunos estanques o abrevaderos y la composición de los caminos intransitables. Para sufragar los gastos,  expone que se les permita disponer de 150 fanegas de trigo del Pósito, puesto que hay un sobrante de más de 200 de su fondo de 1.500 fanegas, siendo este límite intocable por constituir la garantía pata el suministro de la población.
El corregidor señala que Se haga una espe­cie de presupuesto de cada obra mediante personas entendidas que evalúen el gasto.
Así se hace, con toda clase de detalles en los primeros proyectos de obra conocidos en el pueblo,  de los que ha de hacerse publi­cidad en carteles por un plazo de nueve días, licitándose las obras para escoger a los pos­tores más económicos. El corregidor ordena también que se suspenda la entrega del ter­cio de las ganancias5 a la fábrica de la parro­quia, bajo apercibimiento y multa, según ofi­cio del 28 de octubre de 1781. Con esta orden se rompe el último vínculo con la igle­sia parroquial, que tendrá que depender de sus propios recursos.
En las elecciones de diciembre de 1781 se da el primer caso de impugnación de unas elecciones municipales en Tacoronte. Los 24 electores dieron 13 votos al alcalde, 10 votos a otro candidato y el restante a otro individuo. Uno de los 24 electores, Nico­lás Hernández de Barrios, presentó una queja solicitando la anulación del sufragio por irregularidades en la votación. Efecti­vamente se anularon las elecciones y vol­vieron a realizarse, saliendo los dos candi­datos más votados con 11 votos cada uno, deshaciendo el empate el voto decisorio del alcalde, que se lo concedió a Lucas Rivero, quedando electo alcalde.
Pero el citado Nicolás Hernández no estaba conforme y volvió a solicitar la anu­lación, cosa que consiguió del corregidor, quien ordenó al alcalde que citara a los 24 electores para una nueva convocatoria, aun­que esta vez mandaría un representante del Cabildo (alcalde mayor Manuel Pimienta Oropesa) para vigilar y autorizar la jornada electoral. Esta se celebró el seis de enero de 1782., saliendo elegido alcalde Lucas Rivera con 13 votos, además de votarse los demás oficios públicos.
Las primera confrontaciones electorales fueron caldo de cultivo para alguna irregularidades, falta de formalidad o desconocimiento preciso de las instrucciones cur­sadas, por cuya causa se recibieron normas complementarias recordando el contenido exacto de las pragmáticas y amenazando con sanciones a los infractores, con el fin de des­terrar abusos y fraudes.
La ley electoral conocida estaba contenida en la Real Instrucción de 26 de junio de 1766, circulada poco después por la Audien­cia Real tras evacuar diversas consultas al Consejo de Castilla. Estas eran las normas básicas;
-Donde haya una parroquia se eligen 24 electores compromisarios (es el caso de Tacoronte).
-Donde haya dos parroquias se eligen 12 electores en cada una (caso aplicable a La Laguna). .
-La elección la hace el vecindario, sin que se entrometa nadie más, ni eclesiásticos ni religiosos.
-Se castigará la parcialidad, interrupción o discordia.
-No podrá recaer la elección de un cargo para el mismo sin pasar dos años, pero para otro bastará uno.
-No podrá haber parentesco de segundo grado de consanguinidad, ni primero de afinidad respecto a los miembros del Ayuntamiento, ni que sean deudores morosos al Caudal público.
-Sólo se admitirán como votantes los vecinos contribuyentes que constituyen en cabeza de familia.
-No se dará validez a votos ni nomina­ciones por escrito de otras personas, sino el sufragio personal, in voces y en secreto.
-Se prohíbe influir sobre los votantes ni        hacer propaganda por el pueblo.
Para elegir a los 24 compromisarios se convocaba a los vecinos. Cada uno de ellos daba en secreto sus votos para 24 personas elegibles, que se anotaban en una lista, y así sucesivamente. Terminada la votación, cuadradas y cotejadas las listas, se procla­maba el escrutinio, resultando electos los primeros 24 que hubieran obtenido mayor número de sufragios. Esta acción electoral podía durar dos o más días. El siguiente día festivo se citaba a los 24 compromisario s para la elección de los cargos públicos (alcalde, diputado nuevo, síndico personero y fiel de fechas), los cuales juraban el cargo y tomaban posesión el día primero dé enero.
Poco a poco, los defectos iniciales sé van solucionando y, aunque se habla de  prohibiciones erróneas de las reglas, también hay que aludir a los "pucherazos" y malas artes de gente avispada para arrimar el ascua a su sardina. Estas irregularidades, impug­naciones y anulaciones llegaron a conoci­miento de la Real Audiencia, que dictó una providencia prohibiendo los votos por poder, debiendo concurrir personalmente los electores. Pero ante el problema de la leja­nía de algunos pueblos que tenían que enviar a sus representantes para la elección del personero general de la Isla, se arbitró lo siguiente:
Y para en adelante hayan de con­currir preciso y Personalmente a las Ele­cciones de la Capital (La Laguna) todos los Electores nombrados por los Pueblos, que estén a distancia de cuatro Leguas; y los que estén a mayor distancia, puedan Ymbiar sus votos serrados a la Junta de Electores, de la Capital, en la que indis­pensablemente se haya de abrir al tiempo de la Elección, y en su lugar correspondiente, sin jamás se permitan poderes pº  votar (provisión 18-1-1786).
Sin duda es un antecedente bastante. Genuino de lo que hoy es el voto por correo" aunque este asunto. Tampoco afectaría a Tacoronte, ya que la distancia hasta La Laguna era de dos leguas escasas, por lo que sus representantes siempre acudían en persona al Cabildo.
En 1786, la llegada de un nuevo coman­dante general á las islas, marqués de Branciforte (Manuel de la Grúa y Talamanca), trajo consigo la intención de crear en Taco­ronte un montepío de viñateros, preten­diendo la aportación inicial de un medio diezmo de las cosechas para crear un fondo con la finalidad de potenciar el cultivo de la viña, tratando de rescatar la floreciente historia vinícola del siglo XVII. Fueron varias las reuniones que se celebraron en la Alhóndiga, pero los viñateros se negaron repetidas veces aduciendo sus razones, aun­que la impresión es que recelaban de la idea prohijada por el marqués.
La experiencia y la práctica, así como las impugnaciones y anulaciones, van permi­tiendo mayor facilidad y comprensión acerca de las instrucciones para cumplir con los requisitos electorales, especialmente en lo que concierne a la elección de los 24 elec­tores compromisarios, por constituir este cuerpo la base esencial de todo el proceso que se realiza al final de cada año para la renovación de los cargos públicos o de Jus­ticia.
En 1787 consta una circunstancia especial en la pequeña corporación tacorontera. Los dos diputados embarcaron hacia La Habana dejando sus oficios vacantes. El per­soneroo Juan Esteban Rivero elevó consulta al corregimiento de La Laguna solicitando instrucciones sobre el particular. La auto­ridad pidió las listas de las últimas elec­ciones y tirando de la relación de los can­didatos votados, dictaminó que uno de los diputados podía sustituirse por otro que obtuvo un solo voto. Para el segundo dipu­tado ordenó que se convocara nuevamente a los 24 compromisarios para realizar una votación ad hoc, con lo que se resolvió la incidencia. El diputado más antiguo susti­tuía al alcalde en caso de ausencia o enfer­medad.
La situación se va normalizando y se aco­moda a la realidad que impone el reinado de Carlos lIl, un buen monarca que antes de su muerte (14-12-1788) dejó al país en una extraordinaria efervescencia intelectual a pesar del desfavorable momento social. Bajo su reinado se crearon escuelas, aca­demias, museos, etc., y se establecieron los cementerios fuera de las iglesias por moti­vos de salubridad pública. Por lo que res­pecta a Tacoronte, la desaparición del rey y el  inmediato comienzo de la Revolución Francesa no afectarían al desenvolvimiento  de la población, ajena totalmente a estos tra­suntos tan distantes de su feudo.
En los últimos años del siglo de las luces, Tacoronte parece mejorar en su dimensión como pueblo, disponiendo de una corporación organizada aunque restrictiva, de una escuela de primeras letras, de Una carnice­ría, -de tina haciendan municipal que es el Pósito y de una producción agrícola estimable para las 3.623 personas que habitan en 960 casas. Se advierte que el cultivo de la papa va ganando cuota en detrimento del trigo. Sin embargó, la propiedad de la tie­rra está en su mayor parte en poder de terratenientes de La Laguna y La Orotava, mayo­razgos y congregaciones eclesiásticas y regulares, de ahí que los labradores sean unos simples colonos que subsisten por una determinada renta, lejos de compensar su sudor y fatiga.
Bajo esta dinámica se llega a los albores del siglo XIX, siglo que se caracterizó de manera muy especial por los grandes cam­bios que se produjeron; tanto a nivel eco­nómico como político y social En 1804 visita Tacoronte el corregidor y capitán a guerra de las islas de Tenerife y San Miguel  de La Palma, Marcos Herreros y Torres, quien realiza un prolijo examen de los libros del Pósito, dando instrucciones al alcalde sobre algunos cambios que introduce en la forma dé llevar la administración. En con­creto ordena que se lleven las cuentas a tra­vés de un solo administrador para evitar con­fusión, utilizando dos libros, uno para las entradas y otro para las salidas, además de otro libro donde se asienten las fianzas rubri­cadas con las firmas de los deudores prin­cipales y sus fiadores.
De otra parte reduce el salario de los paleadores y los gastos de comida en el acto de traspaso al nuevo administrador, y asi­mismo dispone que no se pueda librar o gas­tar cantidad que exceda de cien reales sin expresa licencia de la Subdelegación de Pósitos. El corregidor estuvo cuatro días en el pueblo, cobrando en concepto de tasas por su inspección 630 reales vellón, más 476 que cobró el escribano público y 120 el alguacil, quedando en el arca del Pósito un saldo de 2.065 reales y 32 maravedíes, además del grano existente en las dos alhón­digas.
Los primeros lustros del XIX son con­vulsos y llenos de confusión. La invasión napoleónica despierta un espíritu patriótico admirable en medio de la pobreza real del país. Insurrectos, revolucionarios y guerri­lleros forman una amalgama humana que surge espontáneamente al abrigo de algu­nos militares valientes y arrostrados contra el invasor, - mientras la escena política se debate con encono en Cádiz, donde se inau­guran las Cortes con el ánimo de arreglar los problemas. De estos acontecimientos poco o nada se conoce en Tacoronte, prác­ticamente anclado en su medio rural, si bien muy pronto acabarán por influir en su deber.
Así llegamos a 1812 con la naciente Cons­titución de Cádiz entre aires liberales, que parece querer desplazar al absolutismo del Antiguo Régimen. Sin embargo, no se logra una completa democratización del sufragio, ya que las elecciones son de tercer grado, tomando a la parroquia como unidad básica, pues no hay otra, en la que se eli­gen los llamados electores de parroquia. Ello revierte en la organización de los ayunta­mientos, electivos, los cuales se van a con­vertir en la piedra de toque de la penetra­ción popular en las corporaciones locales.
Desconocemos el capítulo constitucional que alude a la fórmula electoral para los ayuntamientos. Hemos comprobado que hasta ahora, la corporación se componía de un alcalde dos diputados y un síndico per­sonero, a más del fiel de hechos o secreta­rio, Meses después de proclamadas las Cor­tes, á fecha cinco de noviembre de 1812, el ayuntamiento de Tácoronte aparece for­mado por las siguientes personas:
-Alcalde Real: Antonio Felipe Dorta.
-Síndicos Procurador: Juan Esteban Rivero.
-Regidores (concejales): Antonio Perera, Antonio Pérez Díaz, Pedro Hernández, Tomás Hernández y Caye­tano Nicolás Ramos.
-Fiel de fechas: Antonio Cabrera.
-.Escribano público: Jerónimo Ganges y Prieto.
La versión inicial del régimen local cons­titucional, regulada en Cádiz, continuó con altibajos en medio del absolutismo de Fer­nando VII y los interludios revolucionarios de la época. Pero el sistema avanzó a pesar de las interrupciones, bajo un estrecho con­trol económico y una férrea centralización. Entre un marasmo de acontecimientos de toda laya, lo más positivo y sustancial es el principio de representatividad de las enti­dades locales y la participación del pueblo, tímida pero prometedora participación que a lo largo del siglo XIX se mantendría entre numerosas vicisitudes políticas…”
Cuarta: “…Dejamos relato anterior en -el significado año de 1812, con - el primer alcalde constitucional, Antonio Felipe Dorta, y seis regi­dores (concejales) además del secretario o fiel defechos. Fue el incipiente gobierno municipal nacido de las urnas a través de unas elecciones restringidas, aunque al fin y al cabo se sentaron los prin­cipios básicos de una representación popu­lar. Sin embargo, nunca fue fácil conseguir una mediana democracia municipal debido a la acusada diferencia de riqueza entre los mismos convecinos, si bien parece lógico considerar que este hándicap social fuera normal en aquellos tiempos.
El último tramo del siglo XVIII aportó la novedad de un ayuntamiento de capaci­dad limitada, pero ayuntamiento al fin y al cabo, surgido de un sistema electoral que emerge desde la propia revolución de 1766 contra el ministro Esquilache de Car­los III. Paso a paso y no exento de altibajos, el siguiente eslabón alcanza a las Cor­tes de Cádiz de 1812, nacida también desde el fragor de batallas, aunque fue un acon­tecimiento importante que marcaría el futuro de las corporaciones municipales a pesar de los avatares que se cernían en un siglo, el XIX, convulso y sacudido por gol­pes de estado, guerras civiles, revoluciones y etapas constitucionales cambiantes y aco­modadas a cada signo político que se incor­poraba al poder.
A medida que transcurre el tiempo, la historia nos va mostrando nuevas circunstancias, relegando al pasado la relativa parsi­monia de un vecindario que ha permanecido obediente ante el poder que ostentaban unos pocos. Y no por ello debe considerarse en sentido negativo, por cuanto que la diná­mica social y económica de los siglos XVII y XVIII estaba sujeta a un sistema de gobierno piramidal y autócrata sin otras alternativas posibles. Las leyes y ordenali­zas se desgranaban desde la Corona a tra­vés del Consejo de Castilla, circulando por la Audiencia de Canarias y el Cabildo de La Laguna, recalando en la meta final que era el pueblo, regido por un alcalde real, el cura de la parroquia y unos pocos vecinos de los más suficientes. A ciegas se acataban las ordenanzas que emanaban de la realeza y de su Consejo como norma para regular la convivencia, sin intervención del ciudadano de a pie, ya que éstos, mayormente labra­dores, únicamente se ocupaban del labrantío de la tierra sin participar en la cosa pública, excepto unos pocos que sabían leer y escribir.
En el contexto insular de 1814, Tacoronte era un pueblo importante que contaba con una población de 900 vecinos (más de 3.600 habitantes). Naturalmente, apenas se sintió el eco de la guerra de la Independencia, ni siquiera en ningún otro ámbito del archipié­lago, ya que en este hecho la lejanía insu­lar fue el obstáculo, siempre insalvable, que puso a cubierto el alcance de aquellos infor­tunios bélicos. No obstante, la deflación que siguió al conflicto napoleónico produjo el estancamiento de los ingresos fiscales, y como consecuencia de ello la penuria de unos impuestos leoninos para paliar el défi­cit hacendístico que generó en una pesada losa de tributos sobre los noveles ayuntamientos. El gravamen había de ser sopor­tado por los ciudadanos mediante el reparto de los descubiertos presupuestarios y la imposición de tasas y sobreprecios en deter­minados artículos y especies de consumo perentorio.
El recién constituido Ayuntamiento cele­braba sus reuniones en una de las alhóndi­gas del Pósito, presumiblemente la. "de arriba", la que afortunadamente hoy subsiste, aunque no tenían un lugar seguro para guar­dar el arca con los caudales, libros y docu­mentos, los cuales se custodiaban en la casa de uno de los regidores.
De las cortes de Cádiz nacieron los ayuntamientos y, por consiguiente, todo lo que puede acarrear una corporación municipal en cuanto a la obtención de medios para el desenvolvimiento de la población. No cabe duda de que el comienzo de la etapa cons­titucional fue importante, si bien muy pronto se le planteó a los munícipes la cues­tión económica. No se disponía de ninguna fuente de recursos, salvo los beneficios de un Pósito en ligera decadencia y fuertemente fiscalizado por la superioridad. A comien­zos de 1813 se siente la necesidad de tales recursos económicos, por lo que se eleva una petición para poder atender los gastos bási­cos.
Con lentitud y cierta indecisión, el Ayun­tamiento va tomando conciencia de su cometido municipal. La escuela pública y el abasto de comestibles son asuntos a pro­teger a tenor de las hormas que se van asu­miendo. La escuela de niños atravesaba un estado muy precario, tanto por falta de cuidados como por la desatención de los padres, que llevaban sus hijos al trabajo del campo desde muy pequeños. El alcalde y regido­res acordaron publicar edictos advirtiendo a los padres de familia sobre el particular, nombrándose una comisión para dedicar más atención a la enseñanza y detectar los defectos para establecer el método más apropiado.
Más adelante; la única escuela pública que había se estableció en una casa del miliciano Juan Díaz mediante el pago de alquiler, situada- entre el calvario viejo y el Pósito, lugar escogido por ser el más cómodo para la asistencia. Asimismo se formó un censo por barrios de los padres de familia con hijos que no recibían enseñanza, para obligarles a su escolarización.
En cuanto a los comestibles, es bien sabido que la subsistencia cotidiana depen­día de la agricultura, siendo muy escasos los artículos procedentes de otros lugares. El diezmo era un viejo tributo que permane­cía vigente como gravamen a la producción, aunque también constituía un negocio para avispados trajinantes. A este respecto, en una reseña de la época consta que un vecino de La Victoria apellidado León había comprado el diezmo de las papas inverneras de Tacoronte, y las tenia engraneradas sin proceder a su venta con el propósito de especular y obtener mayor beneficio en tiempo de esca­sez y necesidad. Pero la Corporación, haciendo gala de su autoridad, emplazó al diezmero y le obligó a la venta de las papas de forma racionada (no más de tres almu­des por partida) y al precio que coma en la capital (seis pesos la fanega -un peso, 15  reales-), hecho así para que los vecinos más pobres pudieran socorrerse.
Asoma otro principio de autoridad y de coherencia municipal con referen­cia a las construcciones clandestinas o arbitrarias, como el caso del vecino Juan Palmero, que levantó dos pajares donde no, debía, en el Camino Real siendo denunciado y conminado a derruirlos en el plazo de 48 horas por ocupación ilegal de terrenos pübli­cos. En caso de incumplimiento se llevaba el asunto a los tribunales del, Partido Judi­cial de La Laguna; de esta manera, los procedimientos y normas municipales corrían de boca en boca como advertencia para los logreros y usurpadores del bien común.
Pero sin duda, la gran preocupación de la Corporación estaba centrada en el monte y en la naciente de las aguas que hacía fluir el preciado liquido desde la zona boscosa del monte de Toledo (Madre del Agua): Estos dos elementos naturales, monte y agua, eran cosa sagrada, imprescindibles para la supervivencia del vecindario, como lo ha sido secularmente. Durante siglos, el tema aludido fue el caballo de batalla de los regidores municipales, tanto desde el inicio del poblamiento de Tacoronte como hasta bien avanzado el siglo XX, cuando en los años cuarenta de esta centuria la prospec­ción de aguas subterráneas se convirtió en un negocio de mucho auge, sobre todo en los bosques de Agua García y Barranco de Las Lajas.
En la época de está narración. Que recoge lo acontecido en los años subsiguientes a la constitución gaditana, el nuevo status municipal relegó al Cabildo de La Laguna al simple papel de un ayuntamiento más de la Isla, al crearse otros órganos superiores como la Diputación Provincial y el jefe superior político. Sin embargo, La Laguna conservó su hegemonía como cabeza de par­tido judicial. Y fue en 1813 cuando el ayun­tamiento lagunero quiso detentar el control del monte de Tacoronte, fundando su pre­tensión en los destrozos que se habían come­tido en predios montuosos de otros pueblos, juzgando, por ende, a todos los municipios por igual.
Ante aquel propósito, que no dejaba de ser una intromisión, la corporación tacoron­tera saltó como un muelle en defensa de su monte propio, utilizando todos los argumen­tos a su alcance. Entre otras consideraciones, argüía la Corporación reunida en sesión.
Prosigue el relato aclarando que la cor­poración de Tacoronte solamente rendirá cuentas a la Diputación Provincial o a su presidente, de quien recibirá y acatará las ordenanzas que prescriba. Por otra parte pre­senta quejas a la superioridad sobre diver­sas arbitrariedades cometidas en el monte por parte de guardas forestales de La Laguna y La Esperanza.
Las noticias llegan a Tacoronte por medio de decretos, autos y oficios, de manera que el pueblo ya no permanece igno­rante de lo que ocurre en otros lugares del exterior. Así se enteran de la derrota de los franceses en la desastrosa campaña de Rusia, en plena guerra de Independencia española. El hito histórico se celebró en Tacoronte, como igualmente se haría en los demás pue­blos. Respecto al documento que alude al hecho se tomó el siguiente acuerdo: cumplir lo prevenido se envió Un oficio al cura párroco y se fijaron bandos para que el pueblo asistiera a la misa mayor.
Para establecer la sede de la recién creada Diputación Provincial se barajaban las islas de Tenerife y Gran Canaria. El jefe superior político formuló consultas a los ayuntamientos para recabar su parecer. El ayuntamiento de Tacoronte contestó a la pes­quisa sugiriendo que fuera Tenerife el lugar escogido por ser la isla más poblada, más rica y de mayor comercio, además de resi­dir en ella el comandante general de Cana­rias y las oficinas de la Hacienda Nacional, indicando que el lugar ideal podría ser La Laguna, debido a su mejor inmediación res­pecto  a los demás pueblos.
Por primera vez, en 1813, la corpora­ción de Tacoronte designa alcaldes de barrios con el fin de paliar los escán­dalos que acontecían en horas de la noche. Entonces no había policías y los mismos concejales tenían que velar por el orden y seguridad de la población, aunque también se solicitaba el auxilio del gobernador de armas del pueblo, quien tenía bajo su mando un grupo de milicianos. Entonces fueron nombrados alcaldes de barrios los siguien­tes:
-Barrio del Marañón: Juan Díaz de León.
-Barrio de la Iglesia y calle Calvario hasta la Placeta: Domingo Ramos.
-Barrio del Cantillo, ciudad de Ubaque          y Casas Altas: José Rodríguez Feo.
-Barrio de Los Perales: José García de la Cruz.
:-Barrio de San Juan hasta las Presas (de Ocampo): Juan de Noda.
-Barrio de La Caridad: Francisco Rodríguez Feo. 
-Barrio de Agua García: Pedro Palmero.
Asimismo nacen las primeras ordenanzas, las cuales afectan monográficamente al suministro del agua de abasto a causa de los desórdenes que se registran en las canales de madera y en los abrevaderos. En conse­cuencia, se fijan edictos en los parajes acos­tumbrados informando de los puntos de suministro para personas y animales, a saber: dornajo de Agua García, chorro del Canti­llo, pila de la plaza del Convento y la fuente del Alcalde, siendo éste último el lugar más importante para surtirse de agua. Se dictaron penas pecuniarias para los infractores, incluso cárcel para los reincidentes.
La nueva vida municipal que emerge permite que el pueblo, a través del Ayunta­miento, disponga de una información somera del exterior conforme a la documen­tación que se recibe. Las Cortes, como se sabe, abolieron la Inquisición, cuya noticia se vio en la sesión del 18 de julio de 1813. A resultas de ello se quitaron los pasquines y carteles en los que se consignaban los cas­tigos por herejía y demás contravenciones, para lo cual se cursó un oficio al párroco titular en tal sentido.
El artículo 323 de la Constitución deter­minaba que los ayuntamientos eran respon­sables del buen funcionamiento e integri­dad de los pósitos. El de Tacoronte era uno de los importantes de la Isla, con un fondo de 1.800 fanegas de trigo administradas en sus dos graneros (alhóndigas), pero también padecía muchos atrasos con los reintegros de grano y deudas pendientes de regulari­zar, las más de las veces por negligencia del fiel encargado de la administración.
También se tiene constancia del primer funcionario público con nómina. A instan­cias de un oficio del jefe político provincial, el Ayuntamiento ha de asignar un sueldo al secretario para que, según la superioridad, ejerza con acierto y seguridad y cuide debi­damente de los fondos públicos, según ins­trucciones provenientes de la Regencia del Reino. Se estipuló un sueldo anual de 250 pesos corrientes al secretario, que no sólo se ocupaba de sentar las actas y certificar los acuerdos, si no de la intervención de cobros y pagos, constituyendo un elemento clave en el desenvolvimiento de la muni­cipalidad.
En la elección del primer ayuntamiento constitucional de Tacoronte, que tuvo lugar en octubre de 1812, surgieron problemas de orden público. Por tal motivo, la que se cele­bró en diciembre de 1813 estuvo presidida por el jefe político provincial, a quien se le proporcionó hospedaje en una celda del con­vento de San Agustín, previa solicitud al padre prior. En estas elecciones resultó elegido alcalde Cristóbal Pérez Sarabia y siete regidores o concejales.
En la referida jornada también se susci­taron discrepancias electorales por obra de un personaje bastante polémico, el capitán de milicias Nicolás Hernández de Barrios, gobernador de armas del pueblo, quien presentó un recurso al jefe político de la pro­vincia solicitando la anulación de las elec­ciones, alegando una serie de irregularida­des respecto de muchos votantes que, según él, no tenían derecho al sufragio por diferentes motivos, y de otros que teniendo derecho fueron rechazados por el alcalde saliente, que presidía la mesa de escrutado­res.
Respecto a la creación del futuro cemen­terio, el Ayuntamiento tiene conocimiento del mismo por una circular del mes de diciembre de 1814, en la que se ordena la instalación de un camposanto fuera de poblado y en paraje ventilado. La citada cir­cular aludía a una Real Cédula de tres de abril de 1787 promulgada por Carlos III, desconocida por la Corporación, en la que se disponía la prohibición de enterramien­tos dentro de las iglesias por razones sani­tarias. La Corporación solicitó una copia de la cedula que el Cabildo de la Laguna. No circuló en su día, para cumplir con el requisito impuesto, y, debatido el asunto, final­mente se eligió una parcela de nueve cele­mines de terreno en la hoya Machado, cerca de la iglesia de Santa Catalina. De todas formas, el pequeño cementerio se inauguró en  1835, el día que se enterró el primer difunto.
El año 1814 marca el fin a la guerra de la Independencia, Fernando VII es liberado del cautiverio de Bayona y asume nueva­mente la corona de España con ostensible apoyo de la cúpula militar, lo que da pie para que el monarca utilice su poder decretando la abolición de toda la obra de las Cortes, en lo que pudiera calificarse como un golpe de Estado. Además, suprime la libertad de expresión, restablece la Inquisición, intro­duce la censura previa, elimina los jefes políticos y concentra todo el mando en capitanes generales. Más tarde vuelven los jesuitas. La dictadura fernandina supone un retroceso hacia el Antiguo Régimen a la par que el inicio de insurrecciones populares. La implicación para Tacoronte no es otra que la imposición de una nueva corporación que en el año tuvo cuatro alcaldes: Cristóbal Pérez Sarabia, Antonio Felipe Dorta, Miguel Franco Rivero y Nicolás Hernández de Barrios, además de regidores anteriores a la época constitucionalista.
En adelante se abre un período que históricamente recibiría el apelativo de "Los seis mal llamados años", en medio de un - gobierno absolutista similar al estado ante­rior a 1808. De 1814 a 1820, la impresión es de hundimiento y bancarrota en el orbe nacional. Sin embargo, Tacoronte parece permanecer ajeno a la enorme trama del sexenio aludido, observando su tradicional convivencia según reflejan las actas de sesio­nes corporativas presididas por el alcalde real. En estos años abundan las referencias a todo lo que afecta al funcionamiento del Pósito, auténtica hacienda municipal; al suministro del agua para el abasto público y al control en los precios y en la circula­ción de comestibles. En el siguiente episo­dio, los albores de 1820 apuntan a otra his­toria que vale la pena recordar…”
Quinta: “…Los años treinta del siglo XX registran bastante actividad en la corpo­ración local. Votado y discutido el presupuesto para 1933, se aprueba por 94.961,28 pesetas. Los recursos para cubrir los gastos salen de la imposi­ción municipal, es decir, impuesto sobre inmuebles, bienes rústicos y comercio, que supone todo más del 50%, Y el resto se suple de lo establecido en las ordenanzas: cuo­tas, recargos, derechos y tasas. El tributo vecinal o reparto de utilidades se lleva a cabo por medio de una comisión supervi­sada por el gobernador civil, la cual se encarga de evaluar los bienes de cada con­tribuyente para fijar la cuota correspon­diente en base a los datos del cuaderno de amillaramiento, que se ajusta con las variaciones de propiedades en el año. Por ejemplo, el edificio Alhóndiga más próximo al Calvario tiene un valor en venta de 5.387 pesetas, por lo que su propietario, Francisco Pérez y Pérez, tendrá que pagar el 16% en concepto de impuesto. Además, las cuotas por contribución territorial e industrial se incrementan con una décima (10%), con destino a obras públicas para remediar el paro obrero, en virtud de la reciente crea­ción de la Bolsa de Trabajo en el munici­pio. Tal recargo quedará acuñado "Décima", y tendrá vigencia años adelante.
Otras entradas dinerarias proceden de la vigilancia de establecimientos, licencias de construcción, venta de fosas en el cemen­terio, derechos de apertura de negocios, de tratantes con vehículo y a pie, de coloca­ción de anuncios, etc. Los vendedores de sustancias inflamables y explosivos han de pagar 0,01 pesetas por litro o kilo de los que introduzcan en el municipio. Las licencias de construcción tienen diferente tarifa según se edifique en zona de primera o segunda categoría, sistema similar que se emplea en el canon que se aplica en la aper­tura de comercios. La cuota por consumo de electricidad se recarga un 30% y la venta de rinconeras y sobrantes de caminos propiedad del común se tasa a peseta por metro cuadrado. En el capítulo de personal rigen estos sueldos anuales: secretario, 6.000 pesetas; oficial primero, 2.492; oficial de colocación obrera, 2.492; oficial temporero, 1.000; portero del ayuntamiento, 1.200; sepulturero, 1.200; médico titular, 2.469,70; recaudador de impuestos, 2.492; guardia municipal, 2.000.
El cerramiento del cementerio que incluye tres puertas en su frente se adjudica mediante subasta a Antonio Ramos Sego­via por 14.500 pesetas, obra que se espera concluir a mediados de este año 1933. Se pone piso de cemento en el salón bajo del convento para los ensayos de la banda de música. En la plaza Antonio A. Domínguez (La Estación) se proyecta construir la car­nicería con bloques de cantería. En Agua García se alquila una casa a Domingo Medina por 420 pesetas anuales para escuela de niñas, y otras 480 se pagan por la vivienda de la maestra. Se autoriza a la alcaldía para que nombre un sereno que será retribuido por los comerciantes. Se aprueba el proyecto presentado por el Cabildo para construir la central de telé­fonos en la carretera Tacoronte -  Tejina.
Mal año este 1933 por la pérdida de casi todas las cosechas como consecuencia de sequía y plagas, lo que motiva una peti­ción a la Mancomunidad Provincial para condonar la contribución por rústica. La penuria también se ceba con la escasez de agua, lo que obliga suspender el suministro a las casas particulares y controlar estre­chamente los chorros, fuentes y abrevaderos, en los que está prohibido surtirse para obras. El manantial Madre del Agua sólo produce seis litros por vecino y día, y para paliar el problema se arriendan los depósitos de la comunidad Las Lajitas y se gestiona la compra de agua a la trilla­dora de Los Naranjeros con vistas al verano.
En las escuelas graduadas del convento no hay agua para beber y se compra un bernegal. La falta de agua da lugar a pro­testas vecinales y consiguientes sanciones de la alcaldía al interpretar la existencia de manifestaciones y escándalo público. Tal es el caso de los parroquianos Juan Sánchez Pérez, Natalio Almenar Domín­guez, Juan Febles Pérez y otros, que espe­rando turno para proveerse en la fuente pública no pudieron hacerlo porque un guardia municipal cerró los chorros, lo que motivó reclamaciones a la primera auto­ridad local.
La corporación municipal se ha quedado casi sin concejales debido a las suspen­siones por diversos motivos. Así se dan casos como el de una sesión plenaria de segunda convocatoria a la que asisten sola­mente el alcalde Juan Ramos Hernández y el secretario Leopoldo de la Rosa Olivera. Al respecto, el gobernador civil comunica en el boletín oficial de la pro­vincia haber nombrado en uso de sus facul­tades concejales interinos para cubrir las vacantes producidas, a saber: Los nuevos concejales exhiben sus cre­denciales y toman posesión. Al respecto no falta la arenga del edil republicano Cán­dido Fuentes, señalando que, el goberna­dor no se ha comportado como un caba­llero, calificando de canallada no haber nombrado obreros y que la designación de las sesiones en domingo es para hacerlo a espaldas del pueblo'. Algunos recrimi­nan estas manifestaciones y piden que conste en acta, replicando el aludido que no le importa ir a la prisión de Paso Alto, abandonando seguidamente su escaño.
Crecen las denuncias por sacar leña del monte, casi 300 casos en 1933. Se nom­bra portero interino del ayuntamiento a Manuel Severo Martín Dorta, y recauda­dor de impuestos a Eulogio Díaz Dorta en pugna con el que él era, Isaac Galán Her­nández, éste acusado por algunos concejales de la apropiación indebida de 6.000 pesetas, a quien se le incoa expediente.
Abundan los vendedores ambulantes en el pueblo. El administrador de Correos crea dos peatones (carteros) para Agua García y San Juan. Las horquetillas para la viña corren al precio de 1,50 pesetas el cente­nar; una docena de escobas, 3,60, y una dula de agua, 0,30 la pipa. El jornal diario oscila entre 4 y 5 pesetas. La fiesta del Cristo rinde un ingreso de 4.544,80 pese­tas por 4.495,80 de gastos.
Problemas personales del alcalde con el maestro nacional de la escuela de Los Naranjeros, Alfredo Mederos Cruz, a quien le ha instruido expediente por incapacidad física e intelectual y que se ha hecho incompatible por sus costumbres con la manera de ser de aquel vecindario, estimando que debe ser trasladado. En defensa del maestro intercede el conce­jal Ismael Fernández Dorta, rogando que la Corporación se dirija al gobernador civil ante la injusta persecución dé la que es objeto el docente, dado que en la locali­dad no existe información contraria al mismo.
En 1934 se maneja un presupuesto de 106.074,09 pesetas, pero la situación eco­nómica del ayuntamiento es muy mala, con problemas para pagar el alumbrado público. Por otra parte, varias decisiones del alcalde son cuestionadas por sus con­cejales. El primer mandatario suspende de empleo al portero municipal Manuel.
Severo Martín por ser interino y llevar más de seis meses en el cargo. César Galán protesta la destitución hecha y acusa al primer regidor de usar atribuciones que no le faculta ninguna disposición legal, añadiendo que había otros empleados en igual situación. En esto, el edil Galán hace un buen repaso de la legislación vigente sobre la materia arremetiendo contra el alcalde Juan Ramos Hernández, recla­mándole además el cumplimiento de otros asuntos acordados.
El industrial Emilio Rosa Acosta soli­cita instalar una cabina cinematográfica en su propiedad, sin duda el antecedente del Cine Metropolitano. La sociedad Unión y Recreo del barrio El Cantillo que preside Sal­vador Fuentes Ramos prohíbe actos políti­cos en el local y dinamiza la actividad del centro con la compra de una mesa de billar de carambolas y una radio gramola para ame­nizar matinés, colaborando el vecino Tomás Siliuto con un altavoz. No existe parada de taxis en el pueblo, pero hacen la función de tal: Avelino Alonso, Ezequiel de la Paz, Aure­lio Martín, Juan Figueroa y Domingo Domínguez. Se prohíbe la cogida de agua en los abrevaderos de los animales y en la fuente del Cantillo se fija un edicto señalando turnos para llenar los recipientes.
Voto de censura al alcalde. Llevaba Juan Ramos Hernández poco más de un año de alcalde cuando recibe un voto de censura de sus propios compa­ñeros de corporación, tal como reza en la sesión del 14 de enero de 1934: A petición del Sr. Amaral (Eloy Amaral Trujillo) se traen a la vista los justi­ficantes de venta de productos forestales en los dos últimos años, siendo exami­nados por los Sres. Amaral y Galán que piden se haga constar que el Alcalde llevó en el año mil novecientos treinta y tres mil horquetillas, y que del libro llevado en Secretaría no consta haya satisfecho su importe, haciendo constar el Sr. Amaral que el Alcalde lo ha hecho para perjudi­car a la corporación y que en el año mil novecientos treinta y dos llevó carbón sin que lo haya pagado tampoco. El' Sr.  Alcalde manifiesta que debe tener los recibos en su poder y que los presentará en la sesión próxima. El Sr. Amaral manifiesta que en vista de lo expuesto y de lo señalado al comienzo de la sesión pidió un voto de censura para el Sr. Alcalde, acordándolo los presentes. Asimismo pide se nombre una comisión para que se le forme expediente acordándose así y nombrando al Sr. Galán (César Galán Hernández) para que en unión del Secretario lo instruya.
Con lo que se dio por terminada la sesión firmando los concurrentes de que certifico”. En la sesión siguiente, el alcalde cen­surado se defiende, niega las acusaciones, alude a maniobras políticas y rebate los argumentos de sus opositores. Al propio tiempo saca a colación determinadas irregularidades de Eloy Amaral, al que amenaza con una querella por falsedad y calumnia si no retira sus palabras, pero éste insiste en el voto de censura e, incluso, añade nuevos detalles sobré las actuaciones punitivas del alcalde. Se evidencia que en el ayuntamiento existen dos bandos: una minoría republi­cana-socialista que gobierna y una mayo­ría opuesta por parte de concejales que aquellos denominan "caciques". De tal manera se definen las dos posturas y se introducen en el terreno político con acu­saciones de parte y parte. César Galán, que hace causa común con Eloy Amaral, en adelante acabará siendo portavoz de la mayoría y principal protagonista a favor del voto de censura contra el alcalde.
Pasados unos meses, el alcalde Juan Ramos presenta la baja por enfermedad (fosfaturia) y Francisco López Ríos asume el cargo interinamente. En este espacio de tiempo se estaba tramitando un asunto de la máxima importancia para el municipio, como era la negociación con los propietarios de los terrenos por donde. debía discurrir la carretera a Agua García o Camino al Bicho (Caserío de Bicho), una vieja aspiración que se abordó por primera vez en 1918 para conectar el pueblo de abajo con el de arriba. Los dueños de los terrenos habían impuesto la condición de que cederían el paso por sus terrenos mientras no estu­vieran en el ayuntamiento ni Juan Ramos Hernández ni Eloy Amaral Trujillo.
Llegada la sesión el 2-8-1934 y con motivo de darse de alta Juan Ramos e incorporarse a la alcaldía, se reanuda la moción de censura con mayor virulencia: "Se da lectura a una propuesta de voto de censura para el señor Alcalde presi­dente Don Juan Ramos firmado por los concejales presentes, que es confirmada por los mismos y que dice: Los conceja­les que suscriben, ante la torpeza y con­tumaz conducta del Alcalde propietario, don Juan Ramos Hernández, de entorpe­cer por todos los medios a su alcance el normal desenvolvimiento de fa Corpora­ción municipal, se ven en la necesidad de repetir contra el mismo el voto de censura que ya formularon en sesión del día catorce de enero de mil novecientos treinta y cuatro, esta vez con la enorme agravante de darse de alta para impedir la realización de una obra de la mayor importancia como lo es la continuación del camino de Agua García, entorpeciendo al mismo tiempo dar solución al paro obrero, que ya empieza a acentuarse con la ocu­pación de los brazos que en él han de ser empleados. Envuelve esta maniobra de la peor índole realizada con una inten­ción, cuyo calificativo exacto no nos atrevemos a emplear como la gravedad del caso merece, de que en el preciso momento en que se habían vencido las dificultades del permiso de los dueños para cruzar  dicho camino, condicionado a que no actuaran de Alcalde ni el citado don Juan Ramos Hernández, ni el primer teniente de Alcalde don Eloy Amaral Trujillo durante el desmonte de los mismos, por considerarse aquellos lastimados con la actuación de estos dos señores dentro de la Corporación municipal; y en el momento en que el último de estos, un poco más comprensivo, se daba de baja para solucionar el asunto, el señor Ramos, con el deliberado propósito de obstaculizar dicha obra, se da de alta en la Alcaldía, sabiendo que es la única forma de impedir que el camino se haga, después de una prolongada y sospechosa enfer­ medad de seis meses que sólo le impedía asistir a las sesiones municipales, pero no        dedicarse a todas las demás ocupaciones a que venía destinado, como es público y notorio. Lleva también el de impedir que el repetido camino se pueda continuar, una maniobra política, y la de castigar aquel barrio, que ya le mira con recelo, por haber envuelto con su torpe conducta, en un conflicto de aguas, en un proceso a numerosos vecinos de la intachable con­ducta y del que gracias a la reciente amnistía se vieron libres. Su conducta anterior en la venta del carbón como Alcalde, por la que se le hicieron por el señor Amaral cargos gravísimos todavía por aclarar; así como su conducta con el contratista de abastecimiento de carnes, rebajando en doscientas pesetas mensua­les de lo arrendado, sin acuerdo del ayun­tamiento, que entre otros cargos se le hicieron en el voto de censura anterior, y que consideramos más que suficiente, para que e! señor Ramos, al ver que le falta la confianza de la mayoría de los conceja­les y verse desautorizado por estos, había de presentar la renuncia de! cargo de Alcalde como lo hubiera hecho la persona       menos sensible que pudiéramos haber sos­pechado y en lo cual el Alcalde se ha supe­rado como desaprensivo a cuanto podía­mos imaginar, dejándonos sorprendidos.
Los concejales que firman este voto de censura y que constituyen como se deja expuesto la mayoría del ayuntamiento se ven en la necesidad, ante la incompren­sible y funesta conducta del alcalde, no sólo de repudiar por todos los medios a su alcance esta desastrosa labor, sino de elevar al Excmo. Sr. Gobernador la correspondiente queja, a virtud de los car­gos que dejamos expuesto y los ya for­mulados y que obran en el Gobierno Civil. [...] Creemos que para no entorpecer más tiempo la construcción del camino de Agua García y cortar esta y otra jugada que se intente para ello, se siga el trazado pri­mitivo y único que se puede imponer a la fuerza y legalmente, y con ello acabar de una vez con la zancadilla política que se viene esgrimiendo de hace tiempo, simu­lando un enorme interés por el mismo y en la sombra laborando para que no se haga. Pablo Álvarez, Franco López, Gre­gorio Gutiérrez, Romualdo Rodríguez, Juan Febles, Juan García, César Galán, Valeriano Pérez. Rubricados…”
Sexta: “…De una forma somera, en el capítulo anterior se puso de relieve el deve­nir de los inicios constitucionales a partir de las nacientes Cortes de Cádiz de 1812, y con ello la géne­sis del ayuntamiento de Tacoronte bajo aquel ordenamiento pionero y prometedor, no exento de aires liberales. Sin embargo, enjuiciando los hechos desde la ventaja que nos concede la distancia temporal, las ilu­siones liberales y democráticas de entonces no dejaban de ser algo quimérico, tanto por que la intrusión napoleónica estaba aún latente y amenazante, cuanto por la inexperiencia, provisionalidad y falta de solidez del nuevo sistema de gobierno.  
Efectivamente, aquel liberalismo consti­tucional sólo resistió dos años, ya que el regreso de Fernando VII a finales de 1813 desde su exilio carcelario de Bayona, dio lugar a que muy pronto el monarca recu­perara la égida absolutista mediante un golpe de Estado en connivencia con las fac­ciones militares. Todo el trabajo de las Cor­tes se vino abajo por un plumazo real, supri­miendo la Constitución gaditana y retor­nando al sistema del Antiguo Régimen, con lo que todos los poderes volvieron a con­centrarse en la persona del Rey. A fuero de objetivos, la liberación de Fernando VII no fue celebrada por el hecho en sí, sino más bien por el final de una pesadilla, la gue­rra, ni tampoco por el absolutismo ni por su "graciosa" majestad.
¿En qué grado pudo afectar este episo­dio a un pueblo como Tacoronte? Pues la consecuencia inmediata fue sustituir a todos los miembros de la Corporación por aquellos que lo habían sido a partir de 1808 hacia atrás. Precisamente en 1808 era alcalde real de Tacoronte Sebastián Pérez Yanes, figura fallecido en 1814, padre del conocido como Sebastián Casilda, creador del importante museo (Gabinete Casilda) que tuvo en la calle del Calvario en el último tercio de este siglo XIX.
En este tiempo, el término jurisdiccional de Tacoronte consta de dos pagos o demar­caciones: desde el límite de El Sauzal hasta el barranco Álvaro Báez, y desde este punto hasta el Valle de Guerra (hoy límite con La Laguna). Para cubrir su vigilancia el Ayun­tamiento convoca cada año a los labrado­res en concejo abierto, con el fin de elegir mediante votación a los correspondientes cuidadores o guardas rurales para celar los cultivos, prevenir que el ganado dañe las sementeras y denunciar cualquier robo, ade­más de otras prevenciones. El cometido de estos guardas rurales era importante, dado que el único recurso del pueblo dependía de la agricultura. Ellos recibían de cada labra­dor una remuneración en especie (trigo, millo, papas, etc.) mediante prorrateo, pro­porcional a la extensión de cada cultivo.
Conviene aclarar el papel que juega el "acompañado" que da fe del acuerdo. El Ayuntamiento no tenía secretario y utilizaba los servicios de un escribano público, por lo general residente en La Laguna quien no siempre podía asistir a las sesiones. En este caso, la corporación nombraba de oficio a uno o dos vecinos, más o menos instruidos, para redactar y certificar los acuerdos o cualquier otro documento, los cuales se cono­cían como "acompañados".
También era objeto de vigilancia por parte de la Corporación, el peso, la medida y los precios de los comestibles. Los venteros debían colocar en la puerta una tabla con los precios señalados por la autoridad. Los precios de mostos y vinos se fijaban en fun­ción de la zona de cultivo mediante consenso entre compradores y viñateros, y en caso de discrepancia el Ayuntamiento ejercía su laudo, siendo habitual que tomara la media de las diversas posturas en discusión. Tenían mayor precio los caldos de la medianía baja y de todos ellos la malvasía era el más caro. Asimismo, el suministro de agua era una constante preocupación por la incomprensión de los muchos vecinos que se surtían directamente de las canales, impi­diendo que el líquido llegara a los domajos, abrevaderos y llenaderos. A pesar de las multas y arrestos de cárcel, las infracciones se sucedían con reiteración.
Finalizado el sexenio que los historiado­res han bautizado como "los seis mal lla­mados años" (1814-1820), cuya repercusión apenas tuvo eco en Tacoronte, el pronun­ciamiento del general Rafael del Riego (1­-1-1820) consigue restablecer las antiguas autoridades constitucionales, que el rey se obliga aceptar y jurar el siete de marzo de 1820. Renace nuevamente el liberalismo anticlerical y contrario a cualquier aspecto del Antiguo Régimen. El ataque a la Iglesia se traduce en la supresión de los jesui­tas, ciertas vinculaciones y muchos estable­cimientos monacales, además de la desamor­tización eclesiástica que se pone en marcha. También se planteó la extinción de los diez­mos, que fue resuelto a medias por las Cor­tes entre ásperos debates.
El período que se abre no deja de ser una revolución contra el absolutismo, si bien es verdad que los nuevos dirigentes no esta­ban bien cualificados en cuanto a prudencia y talento político, por lo que el Trienio Liberal iba a ser una época de inestabilidad, miedo y confusión; planeando sobre él las ideas republicanas dentro de un régimen liberal con pocas posibilidades de supervi­vencia.
LAS consecuencias para Tacoronte  afectan a la composición de la corpo­ración municipal, que recibe con mar­cada satisfacción el regreso del marco constitucional-liberal.
El día señalado se llevó a cabo la publi­cación de la Constitución, para lo cual se prepararon tabladillos y enramados y se gra­tificó a la tropa que asistió, costando la cele­bración 78 1/2 reales de vellón. El día siguiente se señaló festivo y se ofició un acto religioso en la parroquia y más adelante se convocaron elecciones municipales, previo el nombramiento de los componentes de la mesa (dos escrutadores y un secretario). Realizada la votación y subsiguiente escrutinio resultó elegido alcalde José María Rodríguez García, además de ocho regido­res, concejales o diputados. Posteriormente se eligieron dos presbíteros y dos vecinos para acudir a la capital de cabeza de par­tido (La Laguna) en calidad de compromi­sarios, al objeto de intervenir como votan­tes en la elección de los diputados provin­ciales.
Abundando en el sistema electoral; se observa la novedad que se implanta en el Trienio Liberal (1820-1823). Los vecinos que por su capacidad de contribuyentes adquieren el derecho de Ciudadano, son los que pueden ejercer el voto para elegir los empleos de Justicia, o lo que es lo mismo, a los representantes municipales. Por el mes de diciembre de 1820 se celebra la llamada Junta de Parroquia con asistencia del cura párroco, quien previamente oficia una misa. Luego se dirigen al Ayuntamiento, cuya sede es una de las alhóndigas, y a plu­ralidad de votos eligen un secretario y dos escrutadores de entre los Ciudadanos pre­sentes. Seguidamente Se eligen los 31 compromisarios que Son los que finalmente votarán para alcalde y resto de concejales, así como los cuatro mandatarios que han de acudir a la capital para la elección de dipu­tados provinciales. A comienzos del año siguiente se procede al juramento del nuevo equipo municipal ante el alcalde saliente, "jurando por Dios y los Evange­lios, guardar la Constitución Política de la Monarquía Española sancionada por las Cor­tes Generales y Extraordinarias de la Nación y ser fieles al Rey".
Durante el Trienio Liberal se pusieron en práctica algunas medidas desamortizadoras decretadas en su día por las Cortes de Cádiz, las cuales no llegaron a cristalizar en su momento por la restauración de Fernando VII. En 1821 se constata que el convento de San Agustín es suprimido como tal, cele­brándose la última misa el 30 de junio a las siete de la mañana. El edificio conventual
Pasa al poder civil y la corporación tacorontera aprovecha la coyuntura solicitando el uso del mismo, así como la apertura del tem­plo (Santuario) para la celebración de las funciones religiosas y para rendir devoción a la imagen del Cristo de los Dolores.
El Ayuntamiento recibe órdenes para esta­blecer el cementerio en el pueblo, el cual debe ubicarse en lugar ventilado y apartado de las casas. Sobre este asunto, la corpora­ción y la parroquia no se ponen de acuerdo ni tampoco existen fondos para acometer la obra correspondiente, que se dilatará en el tiempo.
Se llega al año 1823 y parece inminente que el Ayuntamiento vaya a tomar posesión del convento suprimido, así como trasladar la parroquia de Santa Catalina al templo de dicho convento, que ambas cosas habían sido aprobadas por la superioridad.
CUANDO ocurren estas circunstancias en el quehacer cotidiano de Taco­ronte, da la impresión de que no se tiene noticia de una nueva invasión francesa en la península, la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luís por el Bidasoa el siete de abril de 1823 al mando del duque de Angulema, tomando Madrid el 23 de mayo. Con ello, el Trienio Liberal o Constitucional deja de existir para instalarse otra vez el despo­tismo ilustrado de Fernando VII, emergiendo una nueva orientación política en el país que tendría lógica repercusión en todos los pue­blos.
En Tacoronte, la resonancia de tales hechos se percibe en una dimensión no conocida hasta ahora, con clara demostra­ción de un sentimiento político que ya no es ajeno a lo que ocurre en el exterior, y así se constata en la sesión corporativa cuyo contenido se reproduce en toda su extensión, destacando las duras reprensiones de los diri­gentes municipales entre las connotaciones que aluden al momento por el que se atraviesa.
En cuanto al traslado de la parroquia al templo del extinguido convento, al que con­sideran más seguro y más cómodo para la feligresía, el edificio necesitaba algunas reformas y para ello el Ayuntamiento solicitó a la autoridad eclesiástica la enajena­ción de toda la plata considerada superflua para coadyuvar en parte a los gastos de reforma y mejora, aunque no consta que Se cumpliera este requisito.
El trigo continúa ejerciendo la cualidad de moneda de cambio e instrumento de pago, según se aprecia. En la cuenta de gastos del estanque o abrevadero que se está construyendo en la Fuente del Alcalde.
En este tiempo, los vecinos que no se hallan alistados en la Milicia Nacional deben pagar cinco reales. De vellón. Son los maestros del pueblo Cristóbal Faustino Andueza, presbítero, y Joaquín Hernández, percibiendo cada uno un estipendio de diez fanegas de trigo del Posito. También por esta época, se proyecta una obra muy importante para el pueblo, consistente en sustituir las canales de madera del agua por una atarjea, con la finalidad de solucionar los problemas que se vienen planteando en detrimento del abasto público.
Con el comienzo de la conocida década ominosa (1823 – 1833), la mayoría de las iniciativas del Trienio Liberal quedan suspensas, La pretensiones de situar el consistorio tacorontero en el convento de San Agustín queda sin efecto, por lo que ha de continuar en una de las alhóndigas. La iniciada obra de la ansiada atarjea para el suministro de agua queda paralizada por falta de fondos. La idea de trasladar la parro­quia de Santa Catalina al templo del con­vento agustino no llega a cuajar. Y por el contrario, el Posito se ve obligado a desem­bolsar el equivalente a 12.000 reales (205 fanegas y 9 celemines de trigo) reintegra­bles a favor de la Diputación Provincial para sufragar los gastos de dietas y representa­ción de procuradores canarios en las Cor­tes. En esto, la tenaz oposición de la corporación tuvo que ceder ante la superiori­dad. El préstamo resultó fallido pues no llegó a recuperarse.
En el capítulo de festejos, para celebrar el día de la patrona del pueblo, Santa Cata­lina, el Ayuntamiento no dispone de recur­sos ni autorización para obtenerlos del Posito. El alcalde y sus concejales se divide el pueblo por zonas y salen a pedir donativos a los vecinos para sufragar la fiesta....
Respecto a la festividad del Cristo de los Dolores, que se celebra el tercer domingo de septiembre, para cubrir los gastos la cor­poración acuerda fijar un bando con los pre­cios parillas puestos públicos:
-Neberías (tiendas de bebidas), tres pesos corrientes.
-Tiendas de mercería, un peso cada una.
-Ventorrillo de caña, seis reales de plata.
-Ventorrillo de sábanas, cuatro reales.
-Caja de turrón, coderas y demás, un tos­tón. .
Por el momento dejamos esta historia en el año 1825, cuando una de las mayores preocupaciones para los ediles de Tacoronte sigue siendo la construcción de la atarjea para encauzar el agua desde la naciente del monte de Toledo (Madre del Agua) a los dor­najos, estanques, llenaderos y abrevaderos del pueblo de abajo, donde habita el grueso de la población. En ello seguirán empeña­dos recurriendo a todos los medios a su alcance para obtener recursos, aunque las dificultades alargarán la obra durante varias décadas…”
Séptima: “…LOS relatos continúan con rigor cro­nológico situando el momento his­tórico en el año 1825, cuando es alcalde de Tacoronte Domingo Ramos, en una época de cierta pre­cariedad porque el Ayuntamiento carece de fondos para atender las cosas más elemen­tales, siendo una prioridad apremiante la construcción de una atarjea para canalizar las aguas de la naciente de Madre del Agua en Agua García, única fuente de suminis­tro para la población. La necesidad de un acueducto de piedra y argamasa es la alter­nativa viable para sustituir las canales que se vienen utilizando desde el siglo XVI, ya que esta conducción de madera resulta ya anacrónica y ocasiona innumerables proble­mas por rotura, cuarteo, daño por elemen­tos naturales y comportamiento poco cívico de vecinos que desvían la corriente para sur­tirse, por lo que el agua apenas llega a los puntos de embalse donde se abastecen las personas y animales. Un problema añadido es la dificultad para conseguir el acopio de madera y el costo de abrir los troncos en canales, considerando que el esfuerzo y el gasto que conlleva se toma poco menos que infructuoso.
Para conseguir fondos, la Corporación obtiene autorización del corregi­dor para realizar la venta de algunos sobrantes de terrenos, acudiendo tam­bién a la Real Audiencia solicitando la concesión de 600 fanegas de trigo del Posito, además de lo que se pueda conseguir por vía de donativos voluntarios del vecindario. La intención es comenzar la obra enlazando la fuente del Alcalde con la del Cantillo, que son los puntos principales de suministro.
La dinámica municipal continúa su pulso con­forme a la normativa en vigor que sustituye a la implantada durante el Trienio Liberal, de modo que finalizando el año se elige nuevo alcalde y regidores, y de forma simi­lar se procede con los alhondigueros-admi­nistradores del Posito. A su vez el Ayunta­miento tiene facultad para nombrar otros empleos menores, como guardas rurales, de monte, porteros, alguaciles, etc. En 1828, la única escuela de letras primarias se ubica en la casa de Rafaela Hernández Ramos, a la que se paga de alquiler siete pesos y seis rea­les cada año. El nuevo párroco (beneficiado curado) de Santa Catalina es Rafael José Bacallado García Oliva. Una de las alhón­digas acoge la sede consistorial y entre los prestatarios del Pósito aparece Sebastián Casilda (Sebastián Pérez Hernández), impor­tante personaje de Tacoronte nacido en 1792.
En 1830, tras el nacimiento de la futura reina Isabel II, se produce un cambio en las elecciones de los cargos públicos, de manera que los mayores contribuyentes, en igual número de concejales, que son cua­tro incluido el alcalde, se asocian con éstos para designar a los que han de sucederles, proponiendo temas separadas de tres can­didatos para cada cargo: alcalde real, pri­mer y segundo diputado y síndico personero, y también para primer y segundo alcalde de barrios. El testimonio del acuerdo se envía al corregimiento de la Isla y éste devuelve en un sobre cerrado un pliego con valor de título indicando las personas que deben ejer­cer en el año venidero, habiendo precedido oportunos informes sobre la moralidad e ido­neidad de los propuestos, los cuales deben jurar y tomar posesión en los primeros días de enero. Todas las formalidades se realizan en el mes de diciembre para que la res­puesta se reciba antes de finalizar el año. La norma contempla que dentro de los ocho días siguientes al de la publicación de las elecciones se pueden proponer tachas o excusas legales sobre los sujetos electos, si bien la parte denunciante queda responsa­ble en caso de calumnia o mala fe. Se ini­ciaba así un proceso para impulsar la figura de los ayuntamientos.
R. D. de 23-7-1835 dicta un nuevo reglamento para la constitución de las corporaciones. El equipo gobernante se ha de formar con ocho edil es que han de elegir 80 compromisarios procedentes de todos los barrios, y que a su vez son elegibles. En el pueblo debe haber un alcalde, un teniente, cinco regidores-con­cejales y un procurador del común. Estaba prescrito que los compromisarios supieran leer y, escribir, pero esto no fue posible en Tacoronte -sólo 34 reunían tal requisito"-, por lo que se elevó consulta a la superio­ridad para obtener dispensa, la cual fue concedida siempre y cuando los individuos afectados se adornaran de las otras cualidades contempladas en las normas elec­torales.
El sufragio se celebró en una sala del ex convento a partir de las cinco de la tarde y durante varios días, compareciendo 193 electores. Se abstuvieron el párroco, tres presbíteros y otros tres vecinos, lo cual estaba penado. Ninguno de los ocho ediles obtuvo la mayoría, o sea, la mitad más uno, repitiéndose la votación. Finalmente salió elegido alcalde real Antonio Felipe Dorta; teniente, Lucas Fernández del Castillo; primer regidor (y decano), Sebastián Casilda; procurador del común, Salvador Rodríguez Galván; y cuatro regidores más para tota­lizar el número de ocho miembros. El jura­mento, poniendo las manos sobre los San­tos Evangelios, ser fiel a la reina Doña Isabel II, y durante su menor edad, a su augusta madre. Actuó de secretario Antonio de Acuña y García, y los que no votaron fue­ron citados a comparecencia para exponer los motivos de su abstención.
Hasta ahora, el Ayuntamiento ha venido utilizando una de las alhóndigas,-supues­tamente la de arriba- como casa consisto­rial. Con la ocupación del ex convento, aun­que provisional, se cumple una vieja aspiración muy importante para organizar la vida municipal, instalar la escuela pública ­y otras dependencias necesarias.
La composición de los. Ayuntamientos vuelve a cambiar en agosto de 1836 con el restablecimiento de la. Constitución de Cádiz a raíz del motín de la Granja. Otra vez borrón y cuenta nueva, proclamándose la jura con toda solemnidad en una fiesta que le cuesta al Posito 160 reales de vellón. Cesa la corporación actual y la nueva se integra por el alcalde (Tomás de Torres Hernández) y los concejales que lo fueron en 1823. El sistema de gobierno ha cambiado.
Los hechos nos llevan a 1837. Entre los cometidos del alcalde, como tal justicia, se contempla el de juez de paz en delitos meno­res y faltas, tales como daños cometidos por animales, cuestiones de linderos, robos, insultos y agresiones, no devolución de cosa prestada, problemas familiares, etc., resol­viendo juicios de conciliación y dictando sentencia mediante el concurso de hombres buenos. Desde luego, se impartía justicia en el pueblo, con rigor y con flexibilidad, bus­cando el consenso y evitando males mayo­res. En realidad eran juicios rápidos y efi­caces, pues en la generalidad de los casos se limaban las diferencias a la par que se instruía a los litigantes para fomentar la buena vecindad. El ganado cabrío ocasio­naba no pocos problemas, y los asuntos que requerían resolución jurídica eran deriva­dos al partido judicial de La Laguna.        '
Con motivo de la expropiación del con­vento y la retirada de los religiosos que lo servían, el templo anejo (Santuario) quedó desatendido y el culto a la imagen del Cristo de los Dolores abandonado, por lo que el  Ayuntamiento acuerda dirigir una súplica al obispo.
En un oficio posterior dirigido al obispado se propone a Manuel de Torres y Molina y á Mariano Salazar como mayordomos de la cofradía del Cristo.
En estos años aciagos la situación es precaria, el hambre y la miseria aumentan cada día, y el Posito, único motor económico del pueblo, atra­viesa un mal momento porque los labradores se ven imposibilitados de pagar sus préstamos de trigo. Por otra parte, un comisionado de la  Diputación está realizando el des­ilinde de los montes entre Tacoronte y El Sauzal y, por el momento, la única zona montuosa disponible es la del Cerro Gordo, a donde acuden los vecinos para cortar leña; latas y demás madera para el consumo público ante la carencia de otros recursos. En los años que siguen va á estar muy presente la problemática que surge en el monte de Tacoronte con motivo de rozas clandestinas, daños forestales, roturaciones y otros perjuicios en el denominado "monte prohibido" (Madre \ del Agua e inmediaciones).
Asimismo agravan la situación los numerosos impuestos en vigor, siendo " el más importante la contribución de Paja y Utensilios, que gira en el cál­culo y riqueza del pueblo, cuya eva­luación está a cargo de peritos y con­cejales, los cuales deben guardar riguroso sigilo y reserva sobre los datos para evitar confrontaciones entre vecinos. Los ingresos del Ayun­tamiento son exiguos, pues se reducen a algunos derechos sobre la carnicería, dos o tres multas y la tasa por afe­rimento de pesas y medidas, que en conjunto no cubren el sueldo del secretario y los gas­tos .de secretaria.
Finaliza la década de estos años treinta con la elección para reemplazar al equipo gobernante que termina su mandato anual. Se convoca mediante edictos a los veci­nos con cualidad de Ciudadanos, que son los qué tienen capacidad para ejercitar el voto. Reunidos en la sala de sesiones se procede al nombramiento de dos escruta­dores y un secretario para formar la mesa electoral, y seguidamente se reciben los votos para los nueve compromisarios elec­tores. Posteriormente, unos días antes de finalizar el año, los nueve compromisa­rios eligen los cargos de justicia (6 con­cejales), saliendo electo Casimiro Gonzá­lez Negrón como alcalde primero para ejercer en el año entrante de 1840. El censo de población acusa una ligera dis­minución: 797 vecinos, o sea, 3.800 habi­tantes aproximadamente…”
Octava: “…EN las postrimerías de 1839 preside el Ayuntamiento su alcalde primero constitucional, Nicolás Hernández de Barrios, veterano oficial de la milicia (teniente coronel) de 67 años de edad, quien junto al segundo alcalde, un síndico procurador y cuatro regidores (con­cejales), completa la nómina del equipo gobernante que fue elegido por nueve com­promisarios electores, a tenor de lo dispuesto en las Cortes de 1812 en su decreto de 23­3-1821, que trata sobre la formación de Ayuntamientos Constitucionales en base a los censos de población. Son malos tiem­pos para los ochocientos y algo más de veci­nos -unos 3.600 habitantes'- de Taco­ronte, que se quejan de las calamidades y malas cosechas que han precedido. Entre otras cosas requieren de las autoridades un facultativo en el pueblo para curar a los enfermos. Ante la calamidad pública de falta de lluvias se solicita al párroco que haga una rogativa de nueve días a la imagen del Cristo de los Dolores, y al efecto se nombran nueve vecinos honrados para recoger limosnas en la vecindad para sufragar los costos de la rogativa. En total se recaudaron algo más de 26 pesos.
La única escuela pública que existe en el pueblo no atraviesa un buen momento. Muchos alumnos se han pasado a educarse con personas particulares, a quienes sus padres tienen que pagarles además de con­tribuir también para la dotación del maes­tro municipal. El nuevo plan de instrucción primaria exige que se forme una comisión de seguimiento, que al respecto se integra con el párroco, Rafael Bacallado Oliva, y los vecinos Sebastián Casilda y Antonio de Acuña. La comisión conviene en que la escuela sea ubicada en las casas consistoriales que ocupa el extinguido convento de San Agustín, con lo que se ahorran los seis pesos de alquiler que se pagan a un particular. La primera escuela pública de Taco­ronte se creó a finales del setecientos, siendo vecinal con 20 fanegas de trigo del Posito para el salario del maestro. Entonces, y para cumplir con tal obligación, se aumentó la crez pupilar (ganancia) tres cuartos de real sobre cada fanega de trigo.
La festividad del Cristo de los Dolores concitaba gran cantidad de gente de otros puntos de la Isla. En el pueblo no existía ninguna especie dé policía municipal o simi­lar, sino algunos milicianos. Para contener el orden en la tarde-noche del sábado pre­vio a la festividad dominical, el alcalde cursa un oficio (17-9-1840) al gobernador mili­tar local solicitando diez soldados y un cabo desde las cuatro de la tarde.
Por otra parte, la municipalidad persiste en la defensa del monte para que no les falte el agua de abasto y la provisión tan nece­saria de madera. Desde que comenzó el des­linde del monte en 1835, el vecindario se viene lamentando de la esquilma que sufre el bosque de Agua García, y del monopo­lio que ejercen los ricos con las roturacio­nes, si bien se consigue que la Diputación suspenda aquéllas y, por consiguiente, se paralicen los destrozos que se Cometen en el arbolado. A los que trabajan en el arreglo de los caminos se les gratifica con medio almud diario de trigo procedente de la creces pupilar del Posito, aunque cada vecino tiene la obligación de tener en bue­nas condiciones la parte de camino que le corresponde, siendo multados con cuatro ducados á los que se muestran pasivos.
A finales de 1840 se recibe una circular sobre la formación de la Milicia Nacional en los pueblos, afectando a los varones úti­les entre 18 y 50 años que no hayan per­dido los derechos de ciudadano y que ten­gan algún medio de subsistir, quedando exentos los meros jornaleros.
Habría que releer todo el suplemento del periódico "El Atlante", publicado en la villa orotavense el 9-11-1837, para comprender la situación del momento. El periódico hace un canto de alabanza de las antiguas Islas Afortunadas, precisando que lo eran mientras estuvieron libres de los asaltos de la ambición y codicia de los euro­peos, y aun después de la conquista y agre­gación a la corona de Castilla también lo fueron hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando comenzó una decadencia nota­ble debida a los conflictos internacionales y la emancipación de los países sudameri­canos.
También hace un canto de impotencia ante los efectos de la pesada tributación que se suma a las adversidades climáticas que se padecen desde hace una década.
Las dependencias municipales instaladas provisionalmente en el convento suprimido están en precario por el mal estado del edi­ficio. El maestro carpintero Francisco Rivero, que había sido nombrado perito por el intendente de la Junta de Enajenación, declaró que las celdas estaban en malas con­diciones y que el ex convento sólo podría rentar de alquiler quince pesos anuales. Después de estos trámites, con fecha 19-10-1840 se da por entregado el inmueble al Ayuntamiento con la obligación de pagar el citado alquiler. Todavía quedan algunos clérigos en la casa convento, por lo que tienen que I contribuir con su parte de alquiler.
También está en precario la corporación municipal, pues no tiene fondos ni para lo más elemental. Sólo le queda el recurso del Posito, aunque es precisa la autorización superior para sacar grano de las alhóndigas. La construcción de la atarjea para el agua lleva tiempo paralizada por falta de recur­sos y las canales de madera existentes nece­sitan de constantes reparos. Para solucionar el problema, los mismos ediles se distribuyen por los barrios del pueblo exhortando a los vecinos más pudientes para que con­tribuyan voluntariamente. A más de ello, se publican edictos en la Fuente del Alcalde y en el Cantillo, previniendo sanciones con­tra los que hacen un mal aprovechamiento del agua, tanto en los estanques como en los abrevaderos públicos.
Con referencia a la política nacional, la Ley Municipal aprobada el 14-7-1940 fue la que provocó el enfrentamiento entre Espartero, jefe del Gobierno, y la regente María Cristina; - que fue sustituida por aquél en las funciones de regencia. La citada ley facultaba al Gobierno para designar alcalde y tenientes de ayuntamiento entre los elegidos. Un año más tarde, Espartero paraliza la venta de los bienes desamorti­zados, suprime el diezmo y aplica la Con­tribución General de Culto y Clero, debido a la situación de miseria en que habían que­dado muchos conventos. Y clérigos.
El ayuntamiento se compone de seis edi­les incluido el alcalde. En 1942 lo preside Juan Baeza y Aguilar y le sigue como teniente Domingo Pérez Díaz. Los diputa­dos son Antonio Rodríguez Goyas, Cristó­bal Rivero y Lucas Fernández del Castillo, y síndico personero, José Domínguez Galán. Secretario, Félix Pérez de Sossa (sar­gento segundo del regimiento provincial de milicias de La Laguna). El maestro de la escuela es el clérigo de menor Miguel Casimiro de Lara, el colector de bulas o con­tribución de culto y clero es Manuel de Torres y Molina, y de la recaudación de arbitrios se ocupa José María Rodríguez. A comienzos del año se ha de enviar el pre­supuesto municipal de gastos a la Diputa­ción Provincial, según la ley de 3-2-1823.
Las frecuentes reuniones municipales que­dan anotadas en las actas de papel sellado, y de ellas se desprende claramente cómo se desenvuelve la vida en el pueblo. Los asun­tos vitales de la comunidad son el suminis­tro de agua, el aprovechamiento del monte y el estado de las calles y caminos del trán­sito, ya que estos tres elementos son fun­damentales para el desarrollo de la agricul­tura, actividad principal, siendo muy pocas las ventas y comercios.
Para el cobro de la contribución de carác­ter eclesiástico, la parroquia de Santa Catalina tiene que hacer un presupuesto de los gastos por las funciones que se realizan: procesiones, aleluya del Sábado Santo, pasiones del domingo de Ramos y Viernes Santo, función de Ánimas, estipendios del sacristán, sochantre y monaguillos, y un largo etcétera, sumando todos 688 pesos. Dicho presupuesto debe tener el visto bueno del Ayuntamiento, que en el caso presente limitó la concesión de algunas cosas, que­dando reducido a menos de la mitad, es decir, 350 pesos.
Siguiendo una vieja costumbre, también se observa en estos años iniciales de la década  de 1840 cómo el Ayuntamiento se preocupa de que los vecinos blanqueen las casas, rocen los bardos; limpien y pongan transitable s las calles en los días previos a la festividad del Cristo de los Dolores, ade­más de que el santuario sea debidamente adecentado.
En la festividad de 1842 se plantea una incidencia protocolaria por parte de Tomás de Castro, vecino de La Laguna, que dice ser titular de una de las capillas de la Igle­sia-santuario que perteneció al convento agustino suprimido. Este Tomás de Castro parece ser sucesor de Tomás Pereira de Cas­tro y Ayala, valedor del convento que trajo la imagen del Cristo de los Dolores de tierras, castellanas en 1661. Según los docu­mentos de la época, Tomás Pereyra y su tío Diego figuraron como patronos con ciertos privilegios, como el derecho a tomar asiento preferente en los actos litúrgicos, derecho que pretende seguir ostentando el supuesto descendiente, a lo que se opuso el Ayuntamiento argumentando que el con­vento estaba suprimido y que ningún particular debía tener preferencia sobre la cor­poración municipal en el templo. Sin embargo, para aclarar la discrepancia se cursó un oficio a la autoridad provincial soli­citando el laudo procedente.
Casi en el ecuador del siglo XIX, el acon­tecer va reflejando lo cotidiano del momento y los hechos que afloran en una época mar­cada por los cambios políticos. En Taco­ronte, los hacendados forasteros constitu­yen los dos tercios de la riqueza del pueblo, pero muchos no pagan a la espera de que las contribuciones recaigan en los vecinos y arrendatarios, que son pobres, y el Ayuntamiento carece de fondos.
El alcalde de primera elección, Juan Baeza y Aguilar, en enero de 1842 dicta un bando con las ordenanzas que deben regir en la comunidad, que a grades rasgos son las siguientes:
-Que se amarren los perros para que no hagan daño a las viñas. Pasados seis días de advertencia, los viñateros los podrán matar si los encuentran en sus propieda­des. Que los perros no acometan a las per­sonas.
-No ofender ni faltar obediencia a la Augusta Religión, o al Gobierno. No fal­tar el respeto a los superiores.
-Se prohíbe trabajar en días de fiesta sin grave necesidad, que harán constar para obtener su autorización.
-Se prohíben reuniones en las puertas de los templos, lo mismo que en cualquier otro punto del pueblo, con ningún objeto que sea sospechoso y perjudicial.
-Se prohíben los juegos de naipes, viro y otros en las casas particulares, en las tabernas y en las plazas y calles del pue­blo.
-No transitar por el pueblo después del toque de las Ánimas para evitar los desór­denes repetidos con tanta frecuencia.
-Los taberneros y traficantes tendrán buen cuidado de no faltar en lo más leve de las reglas de policía y salubridad, dando su peso y medida, vendiendo y comprando géneros lícitos y útiles.
-No causar perjuicio a las aguas abasto público, ni darla a tomar a anima­les fuera de los abrevaderos y puntos designados para ello.
-Se prohíbe las talas y cortes en los mon­tes "prohibidos", con pena de prisión y multa o días de trabajo en los caminos.
-Se apercibe bajo multa a los criados domésticos que ocasionen desórdenes en los caminos y abrevaderos públicos por no conducir las bestias y ganados con la formalidad que es debida, y a los pasto­res de ganados mayores y menores o los yerberos que ocasionen algún daño a los sembrados o terrenos ajenos.
-Se ordena quitar las aguas inmundas, escombros, malezas u otros objetos incómodos que estorben el tránsito por los caminos públicos.
-Ninguna persona de extraño domicilio se admitirá en este pueblo sin que acredite bastantemente ser honrada y no venir a ser gravosa o perjudicial.
-El que se haya establecido de dos años a esta parte debe cumplir las precisas obli­gaciones.
Consta que antes de firmar estas ordenan­zas dijo el alcalde: "mal empleado trabajo para no hacerlo cumplir"…”
Novena: “…SEGUIMOS con estos relatos en 1852, cuando ya se ha trazado el camino de la carretera que atraviesa la mediana de Tacoronte, luego conocida como Carre­tera Provincial y posteriormente como General del Norte, la que seria por mucho tiempo la vía más importante de la Isla pues a su vera se fueron formando y creciendo los núcleos poblacionales desde La Laguna hasta Buena­vista. Con el propósito de que el firme de dicha vía no se estropeara con el paso de carretas y carromatos, el gobernador de la provincia dicta unas normas al respecto según se observa en el siguiente mandato municipal:
"Dios e cuenta por el Sr. Presidente (alcalde de Tacoronte) de la conferencia que tuvo con el Excmo. Gobernador de la Provincia sobre el Tránsito de las Carretas por el Camino de la Carretera, esto es respecto de aquellas (carretas) que no se hallan construidas con arreglo a lo mandado, y en su consecuencia se acordó fijar los correspondientes edictos á fin de que toda Carreta que se construya de nuevo, sea bajo las reglas adoptadas por la Superioridad, y que las que existen construidas de otra manera, se abs­tengan de transitar por dicha línea en la parte que se halla construida, valiéndose sus dueños de otros Caminos para la recolección de mieses, y que caso de que tengan que cruzar dicha Carretera por alguna parte, será de cuenta de los mismos la composición de lo que en ella se dete­riorase" (Acta 15-5-1852).
Para determinar el impuesto que debe pagar cada contribuyente, cada año se forma una junta pericial que se encarga de formalizar el cuaderno de amillaramiento que recoge todas las propie­dades, clasificadas en tres categorías según la importancia de los sembrados. La cochinilla se cultiva exclusivamente en las medianías de costa (San Juan, Los Perales, Tagoro, San Jerónimo), sumando un total de 30 fanegadas de nopales en todo el término. Entre los propietarios foras­teros se encuentran los Madan, Cambreleng, Machado, Ossuna, Llarena, Colombo, García Pówer, García Mesa. Entre los propietarios veci­nos más importantes figura Sebastián Casilda. En el ramo de comercio hay 16 ventas y 2 taho­nas (molinos de gofio).
Casi nada escapa a los impuestos de aquel tiempo: pajares, cerdos, ovejas, vacuno, asnos, etc. En cuanto a los morosos por contribución se investigan las causas antes de formar el expe­diente de partidas fallidas, las cuales han de ser razonadas y expuestas al público seis días antes del acuerdo definitivo del administrador de Ren­tas del distrito. Realmente, los vecinos de Taco­ronte llevan algunos años padeciendo malas cosechas, con gran incidencia en la producción de papas, que junto con el trigo es un recurso alimentario de primer orden. También, las cabe­zas de ganado, segÚn su especie, están sujetas a la contribución territorial, produciéndose muchos casos lamentables, como los ejemplos que se citan a continuación:
"[...] se le impuso una cuota de 8 reales 17 maravedíes sobre una cabeza de ganado ovejuno y otra de cerda que en la enfermedad que pade­ció, como Único recurso, dispuso de ellas para poderse alimentar, cuota que no puede hacer efectiva.
[...] que Francisco Jacinto Rivero, a quien se le impuso una cuota de 12 reales 25 maravedíes sobre una cabeza de ganado Vacuno que tuvo al tiempo de formar el padrón (de ganadería) y que dejó de tenerla antes del reparto de pape­letas, es tan pobre que no posee bienes de nin­guna clase; pues a la Casa pajera que habita de que también se le impuso la oportuna contribu­ción, es propiedad de su suegro, y por consi­guiente debe ser partida fallida" (Parcial del acta 20-4-1853).
Tan grave se tomó la situación que los diri­gentes municipales formaron un expediente de calamidad general para solicitar de la autoridad superior el perdón de la parte proporcional de la cuota de contribución debido a la pérdida de la cosecha de papas, la más cuantiosa del tér­mino. Pero el intento resultó infructuoso ya que la Administración de Hacienda determinó que no había lugar a la condonación por no llegar el perjuicio a la cuarta parte de la riqueza total imponible del municipio. En cuanto al expediente de partidas fallidas por notoria pobreza de algu­nos contribuyentes, si bien se autoriza, al mismo tiempo se ordena que su importe engrose el presupuesto del año próximo como si fuera un tributo más a repartir entre la masa tributa­ria.
Desde la Junta Provincial de Beneficencia se proyecta el establecimiento de un hospital e hijuela de la cuna de expósitos de La Laguna en Tacoronte, pero las autoridades municipales no encuentran medios con que sostener este cen­tro asistencial. Por otra parte se reciben instruc­ciones para constituir una Junta de Beneficen­cia en el pueblo, que debe estar formada por el alcalde, el cura párroco, dos concejales, cuatro mayores contribuyentes y un médico o practi­cante. Dicha junta local debe informar sobre las enfermedades más frecuentes en el municipio, los medios de asistencia y otros detalles. El informe cursado es bastante ilustrativo:
"[. . .] que las enfermedades más frecuentes son algunas viIiosas ligeras; que los medios para curar a enfermos pobres es el auxilio de los veci­nos que siempre han cooperado; que el número anual de enfermos de esta clase podrá ascender de 6 a 10 que no perecen por abandono y que nunca han sido conducidos á ningún hospital; pues de 10 en 10 años se da el caso de que acu­dan al de la Ciudad de la Laguna de una o dos personas por ataques de enfermedades venéreas; que el edificio que consideran aparente para dedi­carlo a hospital es una parte de la Casa Convento, a pesar de necesitar reformas; que pueden con­tener de 30 a 40 enfermos […]; que los niños espositos recién nacidos se llevan a la Laguna.
No existen medios facultativos en el pueblo ni practicantes aprobados, pero si D. Mariano Salazar, que se dedica gratuitamente a curar a toda clase de personas, y D. Antonio Solís que ejerce la facultad de Sangrador. Desde hace 7 años muchos han emigrado por las calamidades en las cosechas. La riqueza vecinal ha pasado a la foras­tera por la continua enajenación de sus mejores fincas, constituyéndose una gran mayoría en colonos de los contribuyentes forasteros, en una época de exorbitante emigración de los que en otros tiempos se contaban felices. Así lo acor­daron" (Acta del mes de julio de 1853).
En octubre de 1853 se ve un oficio del Sub­ gobernado del distrito (La Laguna), en el qué se transcribe la real orden de Su Majestad por la cual se ha servido conceder autorización al pueblo de Tacoronte para celebrar una feria anual en los cinco días que preceden a la festividad del Cristo de los Dolores. El ayuntamiento lo había solicitado al gobernador provincial el 30­8-1851, sin saber que este tipo de asuntos des­cansaba: en la competencia de la Corona.
Una tradición que se pierde en este tiempo es la celebración en honor a San Sebastián, uno de los primeros patronos de Tacoronte, titular de la ermita que se construyó en el último tercio del siglo XVI, en cuyos cimientos se levantó el santuario del Cristo de los Dolores por 1664. Al menos, hasta1854 consta que se le hizo la fiesta al mártir asae­tado, que tenía lugar cada veinte de enero.
Por primera vez aparece en los archivos el cali­ficativo de "Ciudad" para un barrio de Tacoronte, según consta en la siguiente trascripción:
"Manifestose por la Comisión de Caminos y Tomas de que en la segunda visita que ha efec­tuado hallaron: que la toma situada en la ciu­dad de Waque que atraviesa por terrenos de D. Eugenio Reyes, Benito Luís Chávez y otro (Vale­rio), no está suficientemente abierta para reci­bir todas las aguas, por cuya causa hace daño en el camino [...]" (Acta 14-1-1854).
El dato resulta curioso por el apelativo "Ciu­dad" y por el topónimo "Waque", aquél por la singularidad del calificativo y éste por ser un vocablo extranjerizado del que se desconoce su razón. El nombre original corresponde a Uba­ que, término aborigen que también equivale a Bubaque. En cuanto a la mención de "Ciudad de Waque", existe la versión de que desde el camino Real que atraviesa los altos de Tacoronte; se divisaba este caserío cercano al Cantillo bien compacto y agrupado, dando la apariencia de una pequeña ciudad desdé la lejanía, por lo que la gente empezó a utilizar esta referencia para identificar el sitio, quedando así acuñado en la memoria popular. A mayor abundamiento, en el Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España, formado por el Instituto Nacional de Estadística con referencia al 31-12-1950, en lo que alude a Tacoronte aparece el caserío Ciu­dad de Waque, a 550 metros de altitud y con 172 habitantes de derecho en 51 casas.
En 1855 tiene lugar el segundo gran proceso desamortizador del siglo, llevado a cabo por el liberal progresista Pascual Madoz, a la sazón ministro de Hacienda. La llamada Ley Madoz o de desamortización general, fue la última y más importante etapa liquidadora del decimonono, pues no sólo se incautaron los bienes de la Igle­sia sino también todos los amortizados, es decir, los pertenecientes al Estado y a los municipios. Se trataba de vender en pública almoneda todos aquellos bienes raíces que no pertenecieran a individuos privados. La ley rigió durante toda la segunda mitad del siglo XIX y los bienes se vendieron al mejor postor, lo que implicaba que los compradores habrían de ser gentes de posi­bles para poder pujar y sobrepujar. Los campe­sinos pobres y los más necesitados no teman medios para acceder a las subastas, pero más allá de eso, la desamortización propició que se pusie­ran en cultivo grandes extensiones mal explo­tadas, sin explotar o no cultivadas.
Casi todos los bienes de las cofradías y con­gregaciones religiosas fueron puestos a la venta, adquiridos mayormente por gente pudiente de La Laguna, La Orotava y Santa Cruz, entre los que caben citarse a José Mon­teverde, Patricio Madan, Juan Cambreleng, José Maria Siliuto y Antonio y Vicente Bonnet. En este proceso, el hasta ese momento convento de San Agustín, pasó a ser propiedad municipal con­virtiéndose en sede del ayuntamiento, aunque ya lo venia ocupando desde 1835 en régimen de alquiler. La desamortización también incluía a los bosques tacoronteros, pero afortunadamente no fueron sacados a subasta y se mantuvieron como propiedad municipal, lo que permitió a muchos seguir obteniendo algunos ingresos para subsistir.
En 1856, los ingresos de la hacienda muni­cipal provienen mayormente de la venta de pro­ductos forestales, del sobrante de las aguas de abasto y de lo que se cobra a los alumnos que asisten a las escuelas, cuyo monto total asciende a 6.760 reales. Siendo el gasto municipal pre­supuestado superior a los 24 mil reales, el défi­cit resultante se enjuga mediante un recargo a la contribución territorial, y si esto no bastara se gravan otros productos. En el pueblo hay 17 ventas, 3 tahonas, 1 agrimensor y 1 ambulante que vende géneros. El censo señala que viven 730 vecinos, o sea, poco más de 3.000 habitan­tes. Aparece un nuevo impuesto sobre el con­sumo, afectando, entre otros, a los campesinos que se dedican a endulzar y vender chochos. Die­ciséis dé ellos se niegan a pagar y elevan sus quejas argumentando que la expresada venta no está sujeta a contribución, pero finalmente tie­nen que pagar a razón de 50 céntimos de real por cada fanega de chochos dulces, según tarifa aprobada por la Diputación. Entre estos choche­ros se encuentran Pablo Sereno, Juana Galván, Petra Domínguez, Juan Cañero.
En 1860 se rotulan las calles por primera vez mediante tablillas fabricadas por el maestro car­pintero Juan Fariña. Se construye el puente en el callejón de Los Laureles, cuyas piedras esqui­neras se compraron a Benito Domínguez, y las piedras labradas para los arcos a Gregorio Viera. Se pagaron 150 reales de vellón a José Calza­dilla por los 150 libros de instrucción de los cedi­dos por D. Juan de la Puerta Canseco, cuyo importe se destina a la guerra de África. En el antiguo convento y sede consistorial se realiza una importante reparación; donde se emplean 500 pies de tablas de pinsapo, 60 esquinas de piedra y 30 fanegas de yeso en la construcción de paredes y en la obra de carpintería.
En este tiempo, el Posito ya no es lo que era, disminuyendo sobremanera su actividad en la regulación del trigo y sometido a la exigente intermediación de la autoridad provincial, reciben préstamos se hacen en grano (trigo y millo) y en dinero al 6%, creciente esta fórmula y deca­dente aquélla. En 1861, durante la visita del subdelegado de Positos se revisó el expediente de deuda contra la Diputación Provincial por 205 fanegas y 9 celemines de trigo, equivalente a 12.000 reales, cuyo préstamo reintegrable data de 1822, Se trata de la deuda más importante que tuvo el Posito de Tacoronte en sus tres siglos y medio de historia, y que nunca cobró a pesar de las múltiples reclamaciones.
En 1864 viven en Tacoronte 3.400 personas (801 vecinos). Es alcalde Anastasio Hernández; secretario, Juan Pérez Marrero; depositario de fondos del Posito, Félix Pérez de Sosa, y párroco, Rafael Bacallado Oliva. La riqueza de forasteros ha disminuido hasta 232.220 reales de vellón, y la de vecinos y colonos (medianeros encargados) asciende a 459.130 reales de vellón. El 16 de marzo nace José Izquierdo Domínguez, quien sería secretario del Ayuntamiento durante 41 años y fundador-director de la banda de música del pueblo, hoy bajo la administración de la Agrupación Musical Santa Cecilia.
Otros datos:
Superficie labrada………………………………………………. 18,8 km2
Comerciantes……………………………………………………..22
Jornaleros-obreros.............................................................1.345
Pobres de solemnidad……………………………………………33
Contribuyentes por rústica………………………………………721
Contribuyentes por pecuaria……………………………………207
Contribuyentes por urbana…………………………………….…11
Después de casi treinta años, el problemático deslinde del monte público de Tacoronte llega a su final, quedando fijados los linderos en el acta levantada el 26-8-1864 por el ingeniero ope­rador Juan Bautista de la Torre (Conde de Torre­pando), jefe del Distrito Forestal de Canarias. Ante las discordias entre los municipios de Taco­ronte y El Rosario, el ingeniero acordó la colo­cación de mojones en los puntos Laguneta de Palo Hondo y montañas de Fagundo y Homaca. Respecto al lindero entre Tacoronte y El Sau­zal, el punto fronterizo quedó fijado en el Salto del Naranjo, siguiendo una línea recta descen­dente por la montaña del Pastel.
De acuerdo con los datos que obran en los archivos, la superficie del término municipal de Tacoronte ha sufrido variaciones: en 1866 consta que tiene 20,7 kilómetros cuadrados; en 1950 aparece con 26,4 y actualmente figura con 30,3.
En este 1864, por primera vez aflora una nor­mativa urbana para las construcciones cercanas a la nueva Carretera Provincial. La instancia de solicitud para construir debe acompañar de un plano, que ha de ser refrendado por el ingeniero jefe provincial de Obras Públicas. En este tiempo comienzan a proliferar las peticiones para edi­ficar junto a la citada carretera, lo que llevará á un mayor crecimiento urbano y comercial en el último tercio del siglo, en detrimento de la primacía que venia ostentando la zona de la his­tórica calle Calvario. Mientras tanto, las obras de la carretera prosiguen hasta La Orotava.
La Isla de Cuba es el destino preferente para los que se aventuran a mejorar su suerte, pro­duciéndose varios embarques en esta época. Los peticionarios han de cumplir ciertos requisitos, citándose como precedente el siguiente caso:
"Sixto Díaz Hernández y Mirabal, libre y de espontánea voluntad, sin sugestión ni compro­misos de ninguna especie y con el consenti­miento de mi familia, he deliberado embarcarme para la Isla de Cuba con el fin de mejorar de fortuna, verificando mi viaje á flete pago por cos­tear con medios suficientes para ello, y como hasta que emprenda mi viaje me es forzoso acre­ditar que soy de buenas costumbres y que no tengo ningún obstáculo que se me oponga a ello. A. V. Suplico se me reciba la oportuna informa­ción de testigos para acreditar lo expuesto, y siempre que así resulte disponer que por la Sisa se faciliten los oportunos certificados para con ellos obtener el debido pasaporte pues así es de justicia que pido" (Documento 22-12-1865).
En 1868 la población registra un ligero aumento: el padrón de habitantes señala 819 vecinos-familias, que conforman las 3.667 almas que viven en 808 casas. La estructura por edades es la siguiente:
Hasta 10 años................ 24%
Entre 10 y 20 años…………………20,2%
Entre 20 y 40 años…………………30,8%
Entre 40 y 75 años…………………24,7%
De entre los seis octogenarios que hay en el pueblo, el más anciano tiene 84 años.
Existen dos escuelas: la de niños que lleva Odón Fernández Oliva, y la de niñas que ins­truye Adelaida Duarte González.
En el inventario municipal figura la casa-con­vento (sede del Ayuntamiento) por un valor de 2.000 escudos, y el resto de muebles y enseres por 314 escudos 182 milésimas.
Las dos casas paneras (alhóndigas) figuran inventariadas a nombre del Pósito…”
Decima: “…Se reanuda la crónica en el año 1842, siendo alcalde constitucional de Tacoronte Juan Baeza y Aguilar, sín­dico personero, José Domínguez Galán, y varios regidores concejales los que se reúnen para requerir nuevamente a la Diputación Provincial la solución a diversos problemas pendientes que no se han resuelto. Entre ellos se encuentra el deslinde de la jurisdicción montuosa y la asignación de la parte que se pide en proporción al vecindario, ya que se carece de los recur­sos forestales que son vitales para la agri­cultura. Otro asunto afecta al extinguido con­vénto de San Agustín, donde se encuentra el consistorio sujeto al pago de alquiler, soli­citando que el inmueble sea cedido gratui­tamente para establecer todas las dependen­cias municipales, la escuela de primeras letras, el cuartel de la milicia y otros loca­les de conveniencia. De otra parte, el Ayuntamiento se ve obli­gado a tomar medidas contra varios propie­tarios de terrenos qUé, no tienen encauzadas las escorrentías para el agua: de lluvia, con el consiguiente destrozo a los caminos. Asi­mismo se plantea un asunto de trascenden­cia para la municipalidad, ya que el secreta­rio, Félix Pérez de Sosa, se ve forzado a dejar la Secretaría para incorporarse a la guarni­ción de milicias de Santa Cruz, por cuanto que es sargento segundo de la 68 compañía del regimiento provincial de La Laguna:. Ape­nas existe en el pueblo alguna persona con conocimientos para ejercer de secretario.
Respecto al expediente del deslinde de montes que gestionó el comisionado Anto­nio Baeza desde hace unos años, aún pen­diente de dictaminar, en la zona de Juan Fer­nández, junto a Huerta de Vicho, el poten­tado vecino de La Esperanza, Domingo Fran­cisco Bacallado, se está aprovechando inde­bidamente de los pastos ajenos, vendiéndolos y apacentando sus animales en ellos, utilizando la extorsión, el escándalo y la ame­naza contra los pobres vecinos inmediatos que tienen allí su ganado con todo derecho. En el ayuntamiento se aborda este problema: ".. .hasta llegar el caso de llevárselos a su pueblo á donde les ha costado ir por ellos y pagar lo que se les exige, todo con mengua y grave perjuicio de los daños e intereses de este Ayuntamiento y de sus vecinos, por un hombre sin más méritos, servicios y título ó facultades que su desmedida ambi­ción e impunidad [...] ...se acuerda que se pase oficio al alcalde de la Esperanza para que advierta a Domingo Francisco Baca­llado, que con ningún pretexto continúe en el desorden que hasta aquí [. . .] .. .apercibido que de lo contrario se tomarán otras providencias; todo sin perjuicio del nuevo deslinde que se ha solicitado de la superio­ridad, de la retasa ó comprobación de medi­das [...]" (Acta 20-2-1842).
El caso es que, mientras no se sustancie el expediente del deslinde de montes entre Tacoronte y los pueblos limítrofes" no se puede cortar madera, dándose el caso de que, para reparar el acueducto del agua para el abasto público, hay que recurrir a otros pue­blos para comprar canales de pino.
Resulta curioso conocer en este tiempo de qué forma se sanciona a un edil por reite­radas faltas de asistencia a las reuniones municipales, o por revelar cualquiera de los acuerdos. La corporación impone una multa al regidor (concejal) José Antonio Rodríguez López, consistente en una silla de madera de las que se fabrican en La Vic­toria o Santa Úrsula, con destino a la sala de sesiones, cuyo costo oscila entre 10 y 15 reales de vellón. Para debatir el acuerdo se hizo salir al concejal afectado.
Entre los impuestos señalados al pueblo por la Diputación Provincial, figuran la con­tribución para manutención de presos pobres, el Subsidio Industrial y de Comer­cio, el de Culto y Clero, el de Paja y Uten­silios y la asignación para los gastos de leña. Los presos pobres están recluidos en la cár­cel de La Laguna y el importe que se recauda se envía al ayuntamiento de aque­lla ciudad. El sistema tributario funcionaba a través de los presupuestos (Ley 3-2-1823) que la Diputación imponía a cada pueblo, tomando por base la riqueza territorial, cuyo reparto se anunciaba en el Boletín Oficial de la Provincia. A su vez, cada ayuntamiento repartía el importe del déficit presupuesta­rio entre todos los vecinos y forasteros contribuyentes, en función de las propiedades y rendimientos de cada uno. A efectos de fijar las cuotas de la contribución "territorial (Paja y Utensilios), él ayuntamiento nom­bra un número de peritos que se distribu­yen por los barrios del municipio con el fin de evaluar la riqueza de cada contribuyente. Entonces los barrios eran: Centro del pue­blo, Guamasa, Marañón, San Juan, los Perales y el Monte.
El funcionamiento del Pósito gira bajo el control de la Diputación, a la que hay que solicitar autorización para sacar trigo. Para sufragar el arreglo de los caminos es nece­sario extraer una cantidad de fanegas de granos, así como pata los vecinos que lo soli­citan para amasar el pan. Esto ha de hacerse antes de los meses de mayo-junio, por la sen­cilla razón de que, durante la época estival parte del otoño, todos los labradores esta­rán enteramente ocupados en los trabajos rurales, principalmente la recolección del trigo, cuya siega más temprana comienza en los terrenos de la costa a finales del mes de mayo. Demás está por decir que los grane­ros del Pósito deben quedar totalmente vacíos y saneados en el tiempo de la trilla (agosto), para que el nuevo trigo sea el graneado con garantías de su futura conser­vación.
Casi todas las incidencias que surgen en el pueblo tienen que ver con la agricultura y la ganadería. A continuación vemos un ejemplo ilustrativo: "Los yerberos y pasteros de ganado han ocasionado daños en todos los terrenos. Se aconseja establecer un Montaraz como se ha hecho en los pueblos colindantes, señalándole una cantidad que paguen los daña­dores (infractores) con el fin de ver si se logra la corrección y enmienda de seme­jantes abusos" (Acta 17-4-1842).
Llegado el mes de diciembre se pone en marcha el sistema electoral vigente para componer la corporación que ha de regir en el año venidero. El acto se realiza con carác­ter anual, y los vecinos con calidad de "ciu­dadanos", es decir, con capacidad para votar según determinada cuota de contribución, son convocados anticipadamente mediante, edictos. Estos "ciudadanos" han de ejercer el voto para elegir a los nueve compromisarios electores que corresponden al pueblo. Previamente, para formalizar la mesa se eli­gen dos escrutadores y un secretario, siendo éste el del ayuntamiento. La mesa o junta se constituye bajo la presidencia del alcalde y seguidamente se recogen los votos para sacar los nueve compromisarios elec­tores, que a su vez serán los que elijan al alcalde y los cinco concejales que compon­gan el consistorio. Será alcalde el que obtenga mayoría. El juramento y toma de posesión se realiza el día primero de enero siguiente.
PLEITO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA EN LA PLAZA DE LA CARIDAD. Junto a la plaza de la Caridad existe una casa construida en 1845, dato que figura en una inscripción de piedra adosada a la fachada. La historia de esta casa se remonta a 1843, cuando Pedro Fernández del Cas­tillo, vecino del Valle de Guerra, sin el debido permiso empezó a construirla den­tro de la superficie que ocupaba la plaza de la ermita, derribando un gran árbol que estaba allí. Por entonces, Valle de Guerra tenía su ayuntamiento y alcalde, y el de Tacoronte le cursó un oficio para requerir a Pedro Fernández que suspendiera la obra, pero éste argumentó que había comprado el solar y que tenía su escritura en regla.
Se incoa un expediente y se remite al jefe superior político para su resolución, aunque éste se inhibe alegando que es competen­cia del Tribunal de Justicia. El ayuntamiento de Tacoronte impone una multa de 500 rea­les de vellón a Pedro Fernández para que se abstenga de continuar la obra, pero el san­cionado sólo se da por enterado y trata de demostrar que el solar no es público. El pleito toma forma y el ayuntamiento insiste en que se suspenda la construcción referida, aduciendo que ha estado en posesión de la plaza de la ermita desde hace más de cien años.
Se llama a declarar a Juan García Gómez, en su calidad de poseedor del vin­culo o patronato de la ermita, declarando que la plaza es aneja al templo y que por ella se hace la procesión de la imagen. Se solicita el dictamen de varios jurisconsul­tos de La Laguna, que dan la razón al ayuntamiento de Tacoronte y declaran que ha habido mala fe por parte de Pedro Fernández del Castillo. Pero éste presenta una denuncia contra la corporación tacorontera en el ayuntamiento de El Sauzal y se señala día para el juicio de conciliación, que se celebró el cuatro de junio de 1843. El ayun­tamiento perdió el caso y lo recurrió, siendo condenado al pago de las costas. El procedimiento siguió adelante con apelación ante la Audiencia Real de las Palmas, pero lo cierto es que todo resultó inútil y se origi­naron más gastos judiciales. Finalmente, la casa se construyó y todavía permanece allí junto a la plaza. Uno de los letrados nom­brados para defender al ayuntamiento de Tacoronte tildó de increíble el fallo.
En el año 1843, que fue el de la proclama­ción de la mayoría de edad de la reina Isa­bel II, el padrón vecinal de Tacoronte regis­tra unos 700 vecinos o familias, es decir 3.154 habitantes (1.432 varones y 1.722 hembras). La mayor población se concen­tra en el barrio de Guamasa, calle Real del Calvario, La Placeta y El Cantillo. Son tiem­pos calamitosos por la falta de lluvias y las malas cosechas de los últimos tres años, por lo que el ayuntamiento solicita del obispo que se haga una rogativa al Santísimo Cristo de los Dolores. Por entonces, la imagen desclavada gozaba de mucha devoción por parte de los vecinos y de toda la Isla, estimándose que unas cinco o seis mil personas podrían asistir a su fiesta el tercer domingo de sep­tiembre.
Reseñamos otra festividad muy antigua que ha tenido y tiene mucho arraigo en Taco­ronte. La referencia es bastante sucinta pero no deja de ser curiosa: "Se trató sobre el gasto necesario para hacer la festividad del Corpus que se cele­bra el jueves próximo. El Ayuntamiento carece de recursos y se dispone hacer una distribución entre todos los individuos (de la Corporación) señalando a cada uno medio duro para el completo de los siete pesos y un tostón que importa todo, incluso el duro que se le paga al tambor. Hasta que el presupuesto se recaude" (Acta " 1-6-1844).
La escolaridad en el pueblo es franca­mente deficitaria. Sólo existe una escuela pública de instrucción primaria elemental e incompleta a cargo de Miguel Casimiro de Lara, maestro nombrado por el ayunta­miento, sin otro título que ese, cuyo sala­rio anual consiste en 20 fanegas de trigo y cinco más para los utensilios de la escuela, que se le pagan de los fondos del Posito según está establecido desde 1763 por la Audiencia Real. Sólo asisten a la escuela 66 niños, todos varones.      
Como se ha referido, el extinguido convento de San Agustín había sido cedido al ayun­tamiento en régimen de alquiler para establecer en él las oficinas municipales y otras dependencias. Des­pués de solicitarlo repeti­damente a las autoridades provinciales, se le concede el uso pleno del inmueble por Real Orden de 22-12­1843. Al mismo tiempo se cursa una súplica a la Administración de Bienes Nacionales para que se sirva condonar el pago de los alquileres devengados desde el 19-10-1840, fecha en que fue entregado el convento con la condición de satisfacer quince pesos anuales de renta.
En 1844, todavía colea la deuda que originó la construcción del cemente­rio en 1837, para lo cual el cura párroco (Rafael Bacallado Oliva) pidió dinero a varios particula­res en calidad de prés­tamo, bajo la promesa de devolverlo con el importe de 100 fanegas de trigo procedentes del Pósito, aún pendientes de librar y que reclama insis­tentemente.
Entre las tasas de índole municipal, una de las importantes era el aferramiento (sinónimo de aforamiento, en el sentido de calcular la capacidad de un recipiente). El ayuntamiento cobraba un tributo a los establecimientos y venteros por adherir los juegos de pesos de hie­rro, medidas para licores y aceite, la vara de medir tejidos, la capacidad de los barriles para vino, etc. Y respecto a los cereales: la fanega, media fanega, cuartillo, almud y medio almud. En cuanto al antiguo tributo de la Sisa, éste consistía en rebajar las medidas de los comestibles, especialmente vino y licores, en proporción al impuesto fijado.
Después de atravesar unos años de malas cosechas y faltos de lluvia, en el mes de noviembre de 1844 los campos se encuen­tran inundados por una plaga de langostas, causando graves daños y perjuicios a los sembrados. La solución pasa por reunir a todo el pueblo para extinguir los voraces insec­tos, atacándolos en aquellos puntos de mayor concentración. La invasión de la langosta dejó al pueblo en un estado de pobreza y calamidad nunca visto anteriormente.
El deslinde de los montes entre Tacoronte y los pueblos colindantes de El Sauzal, Valle Guerra y La Esperanza es un trago muy amargo que está sufriendo la corporación. El mal se agrava cuando el comisario del des­linde, Antonio Baeza, pretende posesionarse de 53 fanegadas de terreno, equivalentes al avalúo de las dietas por su comisión. Sobre este particular, el ayuntamiento eleva una queja a la superioridad, de cuyos términos se trasluce fielmente la situación del momento: "El Ayuntamiento acude a V. S. expo­niendo los perjuicios incalculables que se le ocasionará a este vecindario, si tuviese que entregar a D. Antonio Baeza el único terreno montuoso que resta en esta juris­dicción, además de el naciente de sus aguas y en el que por lo mismo no puede hacerse corte de ninguna especie, recordando que las dietas devengadas por Baeza en la Comisión de Montes, sólo una cuarta parte, cuando más, es la que debe satisfacer este Ayuntamiento, la misma que con exceso cree tenerlas cubiertas, con las 18 fanega­das de terreno que fueron tomadas por aquél, y que vendió al Coronel Ayala [...]. Si tuviéramos que entregar este monte, seria reducido a cultivo como lo han sido las 18 fanegadas que el mismo vendió al expre­sado Coronel Ayala, las muchas que el D. Juan López posee y las muchísimas que han dejado sin arbolado de ninguna especie el Subdiácono Ángel Peraza, Francisco Lorenzo Pérez y otros varios a quienes la Excma. Diputación dispuso se les tributare, prescindiendo de la justa resistencia que en todas ocasiones a prestado a ello esta Corporación [. ..]" (Acta 6-3-1845).
Siempre, en toda época, las autoridades locales defendieron el monte con ahínco, ya que era un recurso fundamental para la supervivencia del vecindario. Con razón consideraban al monte como "cosa sagrada", ya que en él nacía el manantial (Madre del Agua) del que se surtía la pobla­ción a través del acueducto de madera que conducía el líquido hasta los abrevaderos y estanques. El monte donde estaba la naciente-aún sigue allí-, era intocable, siendo considerado como "monte prohi­bido", "monte vedado", en el que no se podía cortar ni un palo, sencillamente por la importancia de brotar allí el único acuífero que alimentaba a las personas y ani­males. Con justa razón y lógica, la muni­cipalidad estaba convencida de que si se esquilmaba el monte de la Madre del Agua (bosque de Agua García), el manantial podría secarse, y el pueblo, al quedarse sin agua, se vería abocado a vivir en otros luga­res ante la carencia de elemento tan vital e indispensable.
Derivado de nuevas instrucciones elec­torales, Tacoronte cuenta con dos sectores: el distrito de "arriba", con 85 electores, que comprende toda la calle del Calvario hasta el Lomo Colorado, y el distrito de "abajo", con 63 electores, desde el Lomo Colorado hasta el Molino de San Agustín (El Peñón). Lugares de votación: las salas consistoriales y la ermita de La Caridad. La jornada electoral dura tres días, desde las nueve de la mañana a las dos de la tarde, y la votación se hate mediante papeletas escritas, por lo que se sabe quién se abstiene. La corporación se ha de componer de once miembros, incluido el alcalde.
El Real Decreto de 23-5-1845 crea el impuesto de Inmuebles, Cultivo y Gana­dería, llamado también Contribución Terri­torial. Asimismo aparece la cédula perso­nal (el D.N.I. de nuestro tiempo), un tri­buto que es considerado regresivo porque grava por igual pobres que a ricos. El ayuntamiento expone bandos en los parajes acostumbrados invi­tando a los vecinos a que presenten relación de los bienes inmue­bles, cultivos y gana­dería sujetos a la con­tribución, pero la mayoría no sabe leer ni escribir y han de valerse de otras perso­nas, lo que demora el procedimiento. La finalidad es formar un registro o amillara­miento de las propie­dades para el cálculo de las cuotas, el cual se reforma cada año con las variaciones que se produzcan. En principio -abundó el fraude por la oculta­ción de propiedades. Para el cálculo de la riqueza (base imponible) se nombra una junta pericial com­puesta de las personas más ilustradas, tanto de Tacoronte como de otros pueblos donde residen los propieta­rios forasteros.
En este punto queda la historia, casi tocando la mediana del siglo XIX, cuando la cochinilla adquiere cierto auge como alternativa a la crisis que se padece, paliando en parte el flujo migratorio y la despoblación que afecta de forma desigual a los pueblos de la comarca de Acentejo. Tacoronte ha perdido muy poca población en los últimos años, registrando 3.011 habi­tantes. El Sauzal permanece estancado con poco más de 900. La Matanza acusa una situación crítica en el Pósito de cereales, con un censo de 1.437 almas. La Victoria sufre un descenso continuado y alcanza los 1.878 habitantes. La crisis vinícola se agu­diza en Santa Úrsula, bajando su población hasta 1.417 personas. Y más hacia el norte, por citado como referencia, La Orotava se mantiene con 7.600 moradores…”
Undécima: “…SE reanuda la crónica en 1846, cuando las novedades gubernativas traen la figura del Fielato, que se implanta en el pueblo para la recaudación de los derechos de consumo, uno de los impuestos importantes en aquel tiempo. Los que introduzcan mercancías en el pueblo deben pagar previo examen de los géneros, y lo mismo para los que hayan matado ani­males o que los sacrifiquen durante el año para consumo de carne. Se nombra responsable del Fielato a Gregorio Rodríguez de la Sierra, ya que vive casi en el centro del pueblo. A los defraudadores por eludir los derechos que cobra el Fielato se les sanciona con el cuá­druplo del derecho defraudado, y en tanto no paguen la multa se les decomisa la mercan­cía; y en caso de reincidencia se les privará del uso del establecimiento. Y en otro orden de cosas, a las criaturas nacidas de padre des­conocido se les apellida "de Santa Catalina" (nombre de la patrona del municipio). En el aspecto militar, según la Ley de Reemplazo, Tacoronte debe contribuir con un cupo de 50 mozos (quintos) para el batallón provincial de La Laguna.
Todo lo relativo al monte es asunto latente y de máximo interés para la corporación muni­cipal. El siguiente documento es bastante explícito por cuanto que su contenido refleja la situación que se vive:
"El monte se ha consumido enteramente. Se acerca el tiempo de recolección de las mie­ses y los vecinos no tienen a donde concu­rrir para proveerse del preciso y necesario combustible (carboneo). El Ayuntamiento señala el Monte de /as Cabezadas de la mon­taña del Serro Gordo, comprendida desde la piedra de herradura siguiendo la vereda que atraviesa dicha montaña hasta llegar al Camino de Juego de la Pina, quedando prohibido todo otro corte de leña en los demás montes de esta jurisdicción, prohi­biendo igualmente en ellos él pasto de toda clase de animales, carboneo, corte de hele­cho verde, seco, o sisco de éste, los estiér­coles y sacó de raíz para alimentar los cer­dos [...] ... .se señala para dicho objeto la parte de terrenos y montañas de esta juris­dicción del Salto del Naranjo arriba que no contenga arbustos leñosos, cuyas disposi­ciones llevan el saludable fin de dar tiempo suficiente de descanso á los montes prohi­bidos, para que se reproduzcan y adelanten para que sean útiles a SU debido tiempo. Para controlar esto se nombra una junta com­petente” (Acta 27-4-1846).     
Otro asunto espinoso alude a las 53 fane­gadas de monte que reclama el comisionado del deslinde Antonio Baeza, que en pago de sus dietas mandó escriturar a su favor la Dipu­tación Provincial. El ayuntamiento ha agotado todas las acciones posibles para impedir la posesión de los terrenos, pero los imperati­vos legales pueden más que su voluntad. Sin embargo, la municipalidad no se da por ven­cida y a ultranza decide adoptar una decisión bastante sacrificada en favor del bien común. Al respecto se toma un acuerdo que dignifica en mucho a los representantes municipales por su defensa del monte propio:
"...y considerando la Sala (Corporación) el gran perjuicio que se sigue de que se dis­curre una gran parte de los montes que le quedan a estos vecinos, se acordó: que se exhiba al Antonio Baeza el importe de dichos terrenos cuyo valor asciende a 7.041 reales 19 maravedíes, dejándolos a beneficio público y como propiedad de este Pueblo. Y mediante no haber fondos de ninguna especie de que echar mano para este desembolso, suplíquese al Sr. Presidente de esta Corporación se sirva facilitarla tomándolos de algunas personas a un moderado premio (interés) a nombre de la Corporación, [...] tomando dicha suma del fondo de la Alhón­diga en clase de reintegro. Comisionado al mismo Sr. Presidente (alcalde) para que á nombre de esta corporación celebre el docu­mento que corresponda " (Acta 22-12-1846. Alcalde, Domingo Hernández Leal).
La población ha aumentado hasta 802 veci­nos, equivalente a unos 3.500 habitantes, de los que 147 tienen capacidad para ser elec­tores en el sufragio restringido que permanece en vigor. En todas las sesiones municipales siempre se toca el tema de los impuestos, ver­dadera lacra para un pueblo que sólo depende de la agricultura, pues el comercio que existe es muy escaso. El sistema tributario recaía con esta fuerza sobre los pobres que sobre los ricos.
Escasamente se encuentra en esta historia de Tacoronte algún detalle puntual sobre asun­tos de índole social-familiar. El relato que viene a continuación sorprende sobremanera en cuanto a la determinación que toma la auto­ridad ante la petición de una joven casa­mentera cuyos padres se oponen a su matri­monio:
“Juana Hernández Álvarez, vecina de este pueblo, hija legitima de (...) ante V. con el respeto debido paresco y digo: que habiendo: que habiendo dado palabra de Casamiento a Ramón Domínguez de este vecindario, y de cuyas resultas estoy sufriendo un mal tratamiento de los citados mis padres, en cuya atención, ocurro (acudo, apelo) a la autoridad de V. a fin de que se sirva depositarme en la Casa de un vecino honrado que V. tenga a bien elegir, y por tanto, Suplico: se sirva acceder a esta mi solicitud en méritos de justicia [. . .] A ruego y como testigo firmo, Eleuterio Rodrígue (…) En el mismo día, el Alcalde, auxiliado del Alguacil y el Secretario en defecto de Escri­bano Público, pasó á la casa habitación de D. Pedro Hernández Mayor (padre de la muchacha) donde se halló éste [...] se pro­cedió a la saca y depósito de la expresada Juana, cuya persona fue depositada en la casa de Eleuterio Rodríguez [...] de hon­radez y demás cualidades [...]" (Acta 11­5-1846. Todos firman el documento).
Estamos en 1847, sin que cesen las dis­crepancias sobre los límites territoriales, tanto por la parte que toca al monte como por lo poblado. Los ayuntamientos de Tacoronte y de El Sauzal no se ponen de acuerdo y las rela­ciones entre ambos municipios son cada vez más tirantes. En cuanto a los impuestos, los vecinos son remisos a declarar sus bienes por temor a más impuestos y recargos. Las cuen­tas municipales y las simples operaciones arit­méticas son patrimonio casi exclusivo del secretario y del primer oficial, pues ni siquiera los miembros de la corporación, incluido el alcalde, saben hacer tales opera­ciones, ni mucho menos el vecindario. Son tiempos de penuria y de hambruna, lo que obliga al éxodo emigratorio de muchos, siendo Cuba el destino preferente, si bien en Taco­ronte no tuvo tanta incidencia como en otros lugares del norte de la Isla.
La estrecha fiscalización de la autoridad provincial sobre los movimientos dinerarios de la hacienda municipal apenas permite que se gaste un real si no es mediante el corres­pondiente presupuesto y su aprobación. Es el caso del gasto que se realiza en la composi­ción de las canales de madera que conducen el agua para el abasto público, cuya urgen­cia no admite espera. Para remediar la peren­toria necesidad, la corporación autorizó la extracción de 50 fanegas de trigo del Pósito sin la autorización previa de la superioridad, lo que acarreó una seria reprimenda del jefe superior político y la multa de 200 reales de vellón a satisfacer de mancomún por los miembros del consistorio.
En un comunicado que se recibe sobre la utilidad de los caminos existentes en el pue­blo, el ayuntamiento forma una relación recomendando mejoras en los que se consideran más importantes, como son los del Calvario, Perales, de la Fuente, del Convento y de los Abares, para cumplimentar el Reglamento de Caminos de 8 de abril de 1848. A lo largo del tiempo hemos visto cómo ha variado la denominación de algunos de aquellos cami­nos:
- Camino de Habares (de La Laguna a El Sauzal), hoy carretera general del Norte.
- Camino de la Fuente, hoy calle Valerio J. Padrón.
- Camino del Convento, hoy calle Sebastián Machado.
- Camino de la Estopa, hoy calle Ismael Domínguez.
- Camino de las Alhóndigas, hoy calles Herrería y Guayonge unidas (hasta el barranco de San Jerónimo).
- Del antiguo camino de Habares o Habales queda un trozo de calle con el actual nombre de Abales; que enlaza con la del Chu­padero que sube hasta Agua García.
 - El antiguo camino del Calvario discurría desde El Sauzal atravesando Tacoronte hasta El Chapatal (Los Naranjeros), y pro­seguía hasta el Molino de San Agustín (El Peñón), fronterizo con La Laguna por los Lla­nos del Rodeo.
En 1848, la capital (Santa Cruz) ya está unida a la ciudad de La Laguna por la que hoy se conoce como carretera general, y desde La Laguna hasta Tacoronte por un tor­tuoso camino. La Diputación Provincial se propone continuar dicha vía desde La Laguna hasta la Villa y Puerto de La Oro­tava, para lo cual cursa un oficio al ayunta­miento para que el pueblo participe con arbi­trios y recursos, además de las prestaciones personales, en el tramo que circula por Taco­ronte. Ante la difícil situación por la que atra­viesa el pueblo, la corporación manifiesta a la superioridad:
"[ . ..] que en atención a no ser este el tiempo oportuno (mes de agosto) para que este Ayuntamiento pueda obligar a estos vecinos a la prestación personal para emprender los trabajos que sean consi­guientes, por hallarse ocupados en las labo­res de los campos, sumamente recargados con las cargas de contribución territorial y vecinal, y al mismo tiempo reducidos a la mayor indigencia por la escasez de todos géneros de cosechas que apenas pueden vol­ver a recoger las semillas que plantan la mayor parte en terrenos a medias y de renta, se sirva disponer que la Carretera supuesto que es o ha de ser un Camino del tránsito general de toda la Isla, sea costeada de los fondos provinciales, teniendo también en consideración que estos vecinos no son los que más han descuidado la reparación de sus caminos vecinales, puesto que en casi todos los años concurre con sus prestacio­nes personales a mejorar los puntos que reclaman primera necesidad. Así lo acor­daron y firmaron todos los Sres. que saben [...]" (Acta 10-8-1848. Alcalde, Antonio Franco el menor).
Los datos de 1849 dicen que Tacoronte ha perdido población: cuenta con 774 vecinos, que vienen a ser 3.070 personas. De los habi­tantes exceptuados 65 son indigentes, 239 mayores de 60 años, y 1.217 menores de 18. En el pueblo hay 305 acémilas, 27 carros y 140 yuntas. No hay otro comercio que la agri­cultura, tan desgraciada en estos años. El ayuntamiento acuerda el nombramiento de Julia Barroso, vecina de La Laguna, para ejer­cer de maestra en la escuela de niñas que debe crearse en el término. Los vecinos con derecho para votar en las elecciones de diputa­dos a Cortes adquieren esta premisa al pagar más de 400 reales vellón por contribuciones directas. Entre ellos se encuentra Sebastián Pérez Hernández, conocido como Sebastián Casilda, que ostenta el cargo de alcalde de mar en el pueblo. La riqueza imponible de los 308 propietarios forasteros alcanza 325.370 reales de vellón, y la de los 566 pro­pietarios vecinos, 191.297. Uno de los forasteros más ricos es Rafael Tabares, de La Laguna.
En 1850 ya se está construyendo el camino o carretera provincial (hoy general del Norte) en el tramo que atraviesa Taco­ronte; para cuyos trabajos se permite extraer cabos y madera del monte para la fabrica­ción de herramientas y cestos para el acarreo de materiales. En la prestación personal obli­gada se señala a cada contribuyente dos jor­nales al año por cada una de las especies: tra­bajo personal, yuntas, carretas, caballería, etc. El vecino que no realiza la prestación per­sonal está obligado a satisfacer su conversión en dinero: un peón, 4 reales; un mampostero, 10; una caballería mayor, 6; una caballería menor, 3; una yunta de tiro, 12; una carreta con dos yuntas, 30. En el pueblo no hay ningún médico ni facultativo y se recurre a Antonio Solís, que ejerce el oficio de sangrador y lo demás análogo á dicha profesión, al que se les asignan 300 reales vellón al año por su servicio a los pobres.
Una circular inserta en el boletín oficial de la provincia del 6 de junio de 1851 previene sobre el peligro de contagio del cólera morbo epidémico que apareció en el barrio de San José de la ciudad de Las Palmas, declarán­dose como de patente sucia todas las proce­dencias de la expresada isla, que no deben ser permitidas en ningún puerto. En la isla vecina se habían contagiado unas 700 personas sin que se pueda precisar el número de defunciones. Por este motivo el alcalde de Tacoronte, que asimismo es presidente de la Junta de Sanidad municipal, edita un bando de gobierno y advertencia a la población:
"1.- En toda casa se procurará de que se vacíen las aguas de lavar, fregar, ete. A medida que se produzcan, efectuándolo en puntos donde no se queden empozadas.
2.- Se tendrá el mayor cuidado en repa­rar, limpiar y poner expedito el curso y con­ducto de dichas aguas, de las de pozos inmundos, sumideros, corrales y patios.
3.- Habrá igual esmero en asear, barrer, y ventilar las casas y sus dependencias.
4.- Se prohíbe poner estiércol; excrementos y despojos de animales y vegetales en los patios Juntos de tránsito común de las casas de habitación, e inmediaciones de las calles públicas.
5.- No se harán crías de puercos, cone­jos y gallinas, pichones, ete. En patios u, otros puntos poco espaciosos y privados defaire.
6.- Se procederá a matar los animales enfermos e inútiles y se enterrarán los muer­tos de cualquier clase que sean, en hoyos profundos, a fin de que desaparezcan por tal medio los depósitos de estas materias ani­males en putrefacción, que han solido hacerse en distintos puntos del pueblo.
7.- No se permite arrojar a las calles, caminos o plazas, aguas inmundas o cual­quiera otro objeto fétido o insalubre, como basuras, desperdicios y demás que puedan alterar la composición del aire.
8.- Al menos una vez a la semana aseará y barrerá cada vecino la testada de calle que le corresponda, debiendo comenzar a cum­plirse esta disposición desde el presente día.
9".- Sin embargo de hallarse prescripto  por la Ley, se recomienda a mayor abundamiento a los dueños de establecimientos de bebidas y comestibles, el aseo y limpieza de los útiles de ellos, y ellos tener en los mismos vinos irritantes ni ácidos, ni comesti­bles nocivos a la salud; pues por esta me prometo con especialidad no perder de vista la pena marcada para imponerla severa­mente. Ya fin de que se cumplan las pre­cedentes disposiciones dictadas en benefi­cio del común de estos vecinos, mando se fije el presente, en la inteligencia de que cualquiera falta u omisión que se note en su cumplimiento, y que habrá de resaltar de las visitas generales y parciales que se ejecutarán a la mayor brevedad por la junta que presido o comisiones que nombre, será castigada con todo el rigor de la Ley. Taco­ronte Junio 12 de 1851. Alcalde, Antonio Maria Rodríguez. P.M.D.S.A. (por Mandato  Del Señor Alcalde) Juan Pérez Marrero, Secretario”.
La autoridad municipal insiste en que una de las prevenciones más eficaces es el aseo de las casas, que comprende el albeo inte­rior y exterior, advirtiendo al vecindario de que dispone de ocho días para realizar tales medidas profilácticas bajo la sanción corres­pondiente. También se cursan sendos oficios al comandante de armas del pueblo (José López) y al alcalde de mar (Sebastián Casilda), para repartir vigilantes por toda la costa y los barrios del término con el fin de impedir la arribada de barcos pesqueros y de cabotaje procedentes de Las Palmas. Se redo­bló la vigilancia en los puntos costeros más importantes: Guayonge, Puerto de la Madera y Juan Fernández, en los que patrullaban pai­sanos y militares mediante turnos rigurosos. Los partes de novedades se enviaban al gobernador civil, Antonio Halleg. En tomo a este tema se produjo una denuncia calum­niosa contra Tacoronte por una supuesta falta de celo, acusación falsa que fue defendida y rechazada por el ayuntamiento.
La vigilancia de tierras y cultivos estaba encomendada a los guardas de los pagos o cuarteles, pues así designaban a las diversas zonas de labrantío, con el objeto de preve­nir robos y daños por el ganado, sobre todo el cabrio. El ayuntamiento fija estos salarios que se cobran una vez concluida la recolec­ción, de modo que los guardas recibían de los propietarios entre seis y doce almudes de trigo por cada diez fanegadas de terreno a vigilar, dependiendo del lugar. El guarda del cuartel del Peñón cobraba una fanega de trigo; los de los cuarteles de Ascanio, Ganoya, Lomo de las Piedras y montaña Pastel cobra­ban nueve almudes de trigo. En las medianías hacia el monte, el estipendio era menor.
En 1952 no hay médico en el pueblo ni fedatario que dé razón en los contratos y documentos que se suscriben (En septiem­bre de 1851 había fallecido el escribano público, Juan Fernández Oliva, que ejercía en Tacoronte y varios municipios cercanos). En ambos casos, los vecinos tienen que des­plazarse a La Laguna, con el perjuicio que conlleva el traslado en carros o cabalgadu­ras por malos caminos. En tanto que se soli­cita al gobernador un facultativo para tratar a los enfermos, un buen número de vecinos, en su nombre y en el de todos los demás, sus­criben un acuerdo con el doctor Manuel Pérez, médico "cirujano" de La Laguna, con la obligación de asistir una vez por semana para visitar, recetar y curar a todos los enfer­mos que hubiese, incluso las familias que vienen de Santa Cruz y La Laguna que acos­tumbran pasar la temporada de verano, pero no a los demás vecinos de los pueblos limí­trofes. El acuerdo lo firman más de 30 veci­nos, el médico y el alcalde, Antonio María Rodríguez. También se solicita la asistencia del escribano lagunero Juan Navarrete, aunque sea dos veces por semana, para enten­der en los documentos, sobre todo testa­mentarías…”
Duodécima (ultimo): “…PROSIGUE esta historia en 1934, siguiendo el relato de la moción de censura contra el alcalde republi­cano-socialista. Juan Ramos Hernández, cuyo primer intento quedó en suspenso al causar baja por enfermedad (fosfaturia, pérdida excesiva de ácido fos­fórico). El debate se agudiza cuando al cabo de seis meses se da de alta y vuelve a la alcaldía en un momento delicado por lo que atañe al proyecto de la carretera a Agua Gar­cía, puesto que se había llegado a un acuerdo con los propietarios de los terrenos para fran­quear el trayecto, bajo la condición de que el censurado alcalde Juan Ramos y el pri­mer teniente Eldy Amaral continuaran fuera de la Corporación.
En febrero de aquel año, Juan Ramos y Eloy Amaral en sus cargos de alcalde y  teniente, se jactan de decir que ellos hubie­ran obligado forzosamente a los propieta­rios de los terrenos por donde estaba trazado el camino, a ceder gratuitamente la parte que a cada uno le afectara. Por el contrario, los propietarios se pronuncian en el sentido de no estar dispuestos a ceder gratis por man­dato o influencia de tales individuos y que, siempre que éstos no intervengan como miembros de la Corporación, podían con­tar con el terreno necesario sin indemniza­ción alguna.
La incorporación de Juan Ramos a la alcaldía motiva la reanudación de nuevas sesiones tempestuosas en un Ayuntamiento dividido en dos facciones: la minoría repu­blicano-socialista y la mayoría conservadora. Son varios los argumentos que se esgrimen de parte y parte, así como acusaciones, insul­tos, descalificaciones y la alusión a conno­taciones políticas de toda laya, pero 10 que prima es la construcción de la importante carretera que une el pueblo de abajo con la parte alta de la ciudad, una vieja aspiración que arranca desde 1918.
En la sesión del 2-8-1934 argüían los cen­surantes: "Los concejales que suscriben, ante la torpeza y contumaz conducta del alcalde propietario, don Juan Ramos Hernández, de entorpecer por todos los medios a su alcance, el norma! desenvolvimiento de la Corporación municipal, se ven en la nece­sidad de repetir contra el mismo, el voto de censura que ya formularon en sesión del día catorce de enero de mil novecientos treinta y cuatro, esta vez con 14 enorme agravante de darse de alta para impedir la realización de una obra de la mayor importancia como lo es, la continuación del camino de Agua García [...] .. .de que en el preciso momento, en que se habían ven­cido las dificultades del permiso de los dueños para cruzar dicho camino, condicionado a que no actuaran de Alcalde ni el citado don Juan Ramos Hernández, ni el primer teniente de. Alcalde don Eloy Amaral Trujillo durante el desmonte de los mis­mos, por considerarse aquellos lastimados con la actuación de estos dos señores, dentro de la Corporación municipal; y en el momento en que el último de estos, un poco más comprensivo, se daba 'de baja para solucionar el asunto, el señor Ramos, con el deliberado propósito de obstaculizar dicha obra, se da de alta en Ia Alcaldúz, sabiendo que es la única firma de impedir ­que el camino se haga, después de una prolongada y sospechosa enferme­dad de seis meses que solo le impedía asis­tir a las sesiones municipales, pero no dedi­carse a todas las demás ocupaciones, a que venía destinado, como es público y noto­rio […]".
La respuesta defensiva de Juan Ramos es pródiga en todo tipo de recursos y califi­cativos: "Ante todo, como corresponde a hom­bres de dignidad y honradez, declaro que esa petición encierra una vil maniobra política del viejo estilo. Y hago constar que, cuantos concejales suscriben tal voto de censura, son unos mentirosos y calum­niadores, pues mienten descaradamente y a sabiendas en cuantos cargos me hacen. y hombres que mienten, revelan la bajeza de su actuación pública y hasta de su condición persona{ Nosotros, los socialistas, los que sustentamos ideas de completa renovación, que procedemos en todos nuestros actos con honradez y pulcritud, rechazamos con el mayor desprecio a quie­nes no saben ser hombres dignos pues lo último que un hombre puede hacer, es incurrir en la mentira [...] Ni soy insen­sible ni desaprensivo; soy un hombre inte­gro que no se deja sorprender, sugestionar, ni vencer por la vileza que encierra este voto de censura, a todas luces injusto, indo­cumentado y reflejo exacto de la mez­quindad, bajeza y miseria moral de la mayoría".
La respuesta a esta arenga no se hace espe­rar por parte de su más ferviente acusador, César Galán Hernández, quien represen­tando a la mayoría, en la sesión del 19-8­ - 1934 da lectura a un escrito que dice:
"La contestación del señor Ramos al voto de censura, revela a todas luces la falta de razón que le asiste, pues al que insulta generalmente le faltan argumentos, y recurre a estos desplantes, cómodos para el que se precia en poco, y que revela el nivel moral de quien los profiere, para desorientar, pero a nosotros que conocemos de antiguo al Alcalde y no nos sor­prende y nos pasan por debajo 'del zapato sin rozarnos, tales injurias, y nos damos perfecta cuenta de su propósito.= Si no fuera por la consideración que nos merece la Corporación y sobre todo, porque este voto ha de ir a conocimiento del Excmo. Sr. Gobernador, quien desconociendo a unos ya otros e ignorando la manera de ser del señor Alcalde, pudiera dejarse sorprender, poniendo en tela de juicio cuanto decimos en el voto de censura, nos limitaríamos a entregar dicha contestación injuriosa a los tribunales de justicia; pero por las razo­nes que dejamos apuntadas nos vemos en la necesidad de refutar las afirmaciones, que en su escrito hace y al mismo tiempo probar los extremos señalados en el voto Secretario se libre copia certificada de cuanto al voto de censura hace referencia, e incluso de la contestación del Alcalde, remitiendo todo ello por conducto regular al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro­vincia".
Interviene Eloy Amaral diciendo que: "quiere hacer constar su honradez y nobleza durante su actuación como Alcalde accidental y a lo que se refiere el escrito presentado en la última sesión respecto a que dándose de baja el Alcalde y primer teniente de Alcalde, dice que e1 no sola­mente ocho días como dicen en su escrito, sino los que sean necesarios se da de baja comprometiéndose a estar dado de baja mientras duren los trabajos en los terre­nos donde existe oposición de /os propie­tarios para las obras de la Carretera de Agua García"
En la sesión del 2-9-1934, concedida la palabra a César Galán: Que se ratifica en el voto de censura dado al Sr. Ramos, por creer cierto /o dicho en el escrito presentado por la misma, no habiendo demostrado lo contrario el señor Alcalde de /os cargos que se le hacen […].
Y más adelante, en la sesión del 25-11­- 1934, presidiendo Francisco López Ríos, consta: ''Se da cuenta de los Boleti­nes Oficiales y comunicaciones de la semana, entre ellas una del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia dando cuenta de haber suspendido, en uso de sus atribuciones, a los concejales Don Juan Ramos Hernández, Don Ismael Fernández Dorta, Don Cándido Fuentes Lara, y Don José Acosta Pérez, y habiendo nom­brado para sustituirlos, a los señores Don Julio Rodríguez Pérez, Don Juan Medina Hernández, Don Luís López Gon­zález, Don Manuel Dorta Men­doza y a Don Felipe Miguel Fuentes, en la vacante existente en la actualidad en la Corporación. Los concejales designados se presentan en este acto habiendo estado expuestas las credenciales en la secretaría de esta cor­poración con dos días de antelación, tomando posesión de sus cargos y devol­viéndoseles por el Secretario las creden­ciales.
Figurando entre los suspendidos el señor Alcalde Don Juan Ramos Hernán­dez, se acuerda por once papeletas a favor del segundo teniente Alcalde Don Fran­cisco López Ríos, que el mismo desempeñe la Alcaldía, habiendo obtenido una el ter­cer teniente Don César Galán Hernández, Seguidamente se posesiona el indicado Don Francisco López Ríos, quien da las gracias por la designación".
­Con esto acaba prácticamente el conten­cioso corporativo que dio .lugar a la desti­tución de un alcalde, Juan Ramos Hernández, quien, según puede colegirse, llevó al terreno político y personal un asunto de máximo interés para el municipio, como lo es el trazado de la carretera a Agua García, vía también nombrada como camino veci­nal al Bicho, por el que se venía laborando desde 1918.
Las precarias condiciones de habitabili­dad motivan que el puesto de la Guardia Civil abandone la9asa que tienen por cuar­tel, propiedad de Antonio Guerra Marrero, situada entre la calle del Durazno y la plaza de Santa Catalina, donde ha estado guar­necida la tropa. Ademas, el jefe provincial del cuerpo, solicita que el Ayuntamiento construya un cuartel propiamente dicho, cosa imposible de momento por la difícil situación económica local. Como alterativa, la Corporación mantiene el ofreci­miento de otra casa más amplia y de mejor inmediación en la calle del Calvario, Pro­piedad de Federico García-Ramos Mejías, que se muestra dispuesto a alquilarla por 2.100 pesetas anuales y plazo de 10 años, previas las reformas necesarias, todo ello para restablecer el servicio en el pueblo. (Se trata de la casona donde estuvo ubicado el Gabinete Casilda en el siglo XIX, cuyas dependencias podrían albergar siete u ocho guardias),
Tampoco funciona la banda de música por falta de alumnos y tocadores, y se ven obli­gados a traer músicos de La Laguna para completar el conjunto y poder amenizar los actos de la fiesta del Cristo, ocupándose de este asunto. Natalio Almenar. Asimismo existe el proyecto de construir un kiosco para los conciertos en la plaza del Convento, sin que se haya acometido aún.
En octubre de 1934 es presentado y apro­bado por unanimidad el proyecto de regla­mento por el que ha de regirse la Agrupa­ción Municipal de Música, a financiar con fondos del Ayuntamiento. El documento muestra toda la normativa en 32 puntos, con­templando una plantilla de 24 músicos que ha de ser nombrada por consenso previo examen de ingreso ante un tribunal presi­dido por el alcalde e interviniendo como vocales el profesor de la agrupación, el con­cejal inspector de la banda y el secretario de la Corporación; estos músicos tendrán un haber mensual de 12 pesetas cada uno; al profesor se le asigna un sueldo de 166'60, al auxiliar 25 y al conserje-archivero 10. De momento la agrupación carece de uniformes y la falta a ensayos y tocatas está penalizada. Los instrumentos se compran a la casa Sán­chez de la Higuera, se designa concejal ins­pector de la banda a César Galán Hernández, es director Francisco Bas Gómez y alcalde accidental Eloy Amaral Trujillo.
En relación con el desastre ocurrido en Oviedo con motivo de los pasados sucesos revolucionarios, todos los ayuntamientos de España contribuyen para la reconstrucción de la ciudad, aportando el de Tacoronte 50 pesetas. Según una orden del Ministerio de la Gobernación, los empleados municipa­les han de proveerse de carné de identidad al precio de pesetas cada uno.
La elaboración del presupuesto para 1935, de pesetas 106.461 '48, muestra numerosos detalles sobre la vida en el pue­blo y la estructura vital de la Corporación. Las escuelas graduadas están en el ex con­vento y las de los barrios se encuentran en casas alquiladas en: San Juan, Los Naranjeros, El Cantillo, Agua García, Barranco Las Lajas, La Caridad, Adelantado. Los sur­tidores de combustible que hay en el pue­blo son de: Antonio Morales Expósito, Juan Díaz Jiménez y Ernesto Darías, y la oficina de telégrafos se única en la casa de Aurora Reyes, de alquiler.
Los empleados en activo con su sueldo anual en pesetas:
En 1935 nace el primer equipo de fút­bol de Tacoronte, cuyo antecedente data del 11-1-1935, según consta en el libro de actas de la sociedad "Unión y Recreo" de El Cantillo. La junta directiva presidida por Salvador Fuentes Ramos acuerda autori­zar la formación de un equipo de "football" y nombra una comisión para alquilar un trozo de terreno donde ubicar el campo de deportes, y al efecto se llega a un acuerdo con su propietario, Manuel Porta Mendoza, en el barrio de Waque o Ciudad de Uba­que, por 450 pesetas anuales. Se abre una suscripción popular para recaudar fondos y se allana la tierra con una arrobadora. El equipo queda denominado Club Deportivo Tacoronte, vistiendo pantalón negro y camiseta roja que costean los jugadores. Es primer entrenador Víctor Perera, segundo Timoteo Domínguez Pérez, y capitán Daniel Díaz Dorta. El masajista del equipo es Honorio Miranda Padrón.
El nuevo campo de deportes se inaugura en el mes de noviembre de 1935 con un encuentro entre el equipo titular y otro de la capital, siendo madrina Catalina Álva­rez (miss Tacoronte) a quien acompaña Carmita Pérez Álvarez (miss Circulo Mineiva), y madrina de honor Alicia Navarro Cambronero (miss Europa ese ­año). La sociedad Unión y Recreo había pedido a la Corporación que patrocinara un homenaje a la belleza europea del año, acordándose de conformidad. Posterior al partido se celebró un banquete en el Hotel Camacho al precio de 10 pesetas el cubierto por caballero y dama.
El Campo de deportes produce unas 200 pesetas mensuales, por lo que se piensa en la compra del terreno y amortizarlo con lo que se satisfaga de alquiler. Muy pronto se ponen redes en las porterías y se instala un baño que le cuesta diez céntimos al usua­rio. Al cabo, el entrenador Daniel Díaz Dorta es sustituido por Alberto Dorta del Castillo y entre los equipos rivales que con­tienden se cuentan: Duggi, Arsenal, Bada­lona, Catorce de Abril (La Orotava), 11 Rojas, Derrota (Guamasa), Piratás F. C., Club Deportivo Hierro, Olivares, Rosario F. C. (Valle Guerra), C. D. Vencedor, etc.
La iniciativa del fútbol en Tacoronte tiene éxito y los equipos que visitan la ciudad crean un elemento más de relación de los jóvenes forasteros, que en el -tiempo encontrarían su mejor alianza femenina en los afamados bailes del Hotel Camacho, Círculo Minerva o la sociedad Unión y Recreo de El Cantillo, este último el más popular y frecuentado…”

BRUNO JUAN ÁLVAREZ ABRÉU
PROFESOR MERCANTIL

2 comentarios:

  1. Más allá del abismo generacional que haya entre nosotros ¡infinitas gracias por este magnífico ensayo! Destila trabajo y esfuerzo, así como honestidad en todas sus aseveraciones.

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  2. ¿En que fecha se creó la Sociedad Unión y Recreo? Felicidades por su trabajo y Muchas gracias.

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